Naturaleza de la providencia y antecedentes

El Consejo de Estado, en segunda instancia, examinó una solicitud de suspensión provisional formulada contra cuatro resoluciones expedidas por la autoridad ambiental regional competente. Estas resoluciones establecieron un régimen normativo integral denominado “Medidas de Manejo Ambiental” (MMA), que impone a personas naturales y jurídicas que desarrollen proyectos productivos agrícolas, forestales y agroindustriales en una jurisdicción determinada, la obligación de presentar un estudio técnico ambiental para la evaluación, aprobación, control, seguimiento y cobro por parte de la Corporación. El solicitante, en ejercicio del medio de control de nulidad, demandó la nulidad de las resoluciones en su integridad y pidió la suspensión provisional de sus efectos, señalando que la Corporación carece de competencia para crear tal instrumento y que no cumplió con requisitos legales para su exigibilidad.

Sentido de la decisión

El tribunal decretó la suspensión provisional de las cuatro resoluciones impugnadas, con base en los siguientes fundamentos:

• Falta de competencia para crear el instrumento denominado “Medidas de Manejo Ambiental” que exige requisitos y procedimientos no previstos en la legislación ambiental vigente.
• Inexistencia de inscripción del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), requisito legal para que cualquier trámite administrativo sea exigible y oponible a los particulares.

La suspensión provisional abarca la totalidad de los actos administrativos demandados, dado que la obligación central creada por el régimen de MMA sustenta todas las demás disposiciones, procedimientos y cobros asociados.

Razón principal de la decisión

El tribunal identificó que el instrumento de MMA no está previsto ni en normas de rango legal ni reglamentario de alcance nacional. La autoridad ambiental regional carece de habilitación normativa para crear un régimen integral que imponga un requisito habilitante adicional para el desarrollo de proyectos productivos agrícolas, forestales y agroindustriales, más allá de los permisos individuales previstos en la legislación ambiental vigente. Se consideró que la Corporación ejerció una potestad normativa derivada y subordinada, sujeta al principio de rigor subsidiario, que permite complementar o hacer más rigurosas las normas nacionales solo cuando exista un estándar mínimo como base. En este caso, no existía norma nacional previa que habilitara la creación del instrumento de MMA, por lo que se excedió en su competencia. Adicionalmente, la falta de inscripción del trámite en el SUIT implica que dicho procedimiento no puede ser exigido legalmente a los administrados, constituyendo una vulneración directa de normas superiores.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

Las resoluciones impugnadas establecían:

• La creación del régimen de MMA que exige un estudio técnico ambiental con contenido detallado para proyectos productivos entre 100 y 5.000 hectáreas.
• Procedimientos administrativos para la evaluación, aprobación y seguimiento de dicho instrumento, junto con cobros por los servicios asociados.
• Modificaciones y escisiones posteriores que ajustaron y precisaron algunas disposiciones, pero que mantuvieron la estructura y esencia del régimen.

El demandante cuestionó la competencia de la Corporación para crear este instrumento, la ausencia de soporte normativo, la falta de inscripción en el SUIT, la inexistencia de plazos para resolver, la imposición de compensaciones ambientales no previstas legalmente, la falta de socialización previa y la figura administrativa de escisión utilizada. La solicitud de suspensión provisional fue notificada a la Corporación, la cual no presentó pronunciamiento en el término legal.

Efectos jurídicos de la decisión

Con la suspensión provisional, quedan temporalmente sin efectos las cuatro resoluciones impugnadas en su integridad. Esto implica que la Corporación Autónoma Regional no podrá exigir la presentación del estudio técnico ambiental denominado MMA, ni imponer sanciones o cobros derivados de este régimen, mientras se resuelve de fondo la nulidad de los actos. Sin embargo, los permisos individuales para el uso y aprovechamiento de recursos naturales previstos en la legislación nacional continúan vigentes y exigibles, garantizando el control ambiental en la jurisdicción. El auto será notificado conforme a lo previsto en la ley para su cumplimiento.

---

Texto elaborado con base en el auto interlocutorio del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proferido en segunda instancia, radicación número 11001 03 24 000 2018 00455 00, el 5 de agosto de 2026.