Entidad, norma y objeto

La Corte Constitucional expidió la Sentencia SU-254/26 el 12 de agosto de 2026. La decisión regula el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en casos de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, estableciendo la aplicación plusultractiva del Acuerdo 049 de 1990 conforme al principio de la condición más beneficiosa.

Cambios normativos concretos

• Revocación parcial de la sentencia de la Sala de Descongestión No. 1 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que negó el reconocimiento de la pensión.
• Orden directa a Colpensiones para reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen común desde la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral (24 de octubre de 2018), con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990.
• Disposición de pago íntegro del retroactivo pensional causado desde dicha fecha.
• Obligación a Colpensiones de valorar expresamente la procedencia de la indexación del retroactivo en el acto administrativo de reconocimiento.
• Desvinculación de la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, y del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, respecto de la decisión sobre esta pensión.

Obligaciones creadas

Obligado	Acción	Plazo
Colpensiones	Reconocer y pagar pensión de invalidez con base en Acuerdo 049 de 1990, más retroactivo y valoración de indexación.	Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Ámbito de aplicación

La decisión tiene efecto nacional y aplica a Colpensiones como entidad administradora del régimen pensional de prima media con prestación definida. Se dirige a personas con pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% que hayan consolidado una expectativa legítima conforme al Acuerdo 049 de 1990 y que se encuentren en situación de vulnerabilidad acentuada.

Excepciones y exclusiones

Quedan desvinculados del reconocimiento de esta pensión el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Base legal

La sentencia se fundamenta en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, la Ley 860 de 2003, y la jurisprudencia constitucional sobre el principio de la condición más beneficiosa.

Vigencia y régimen de transición

La sentencia entra en vigencia a partir de su notificación. Establece un plazo de diez (10) días hábiles para que Colpensiones cumpla con el reconocimiento y pago ordenados. Además, ordena el pago retroactivo desde la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral (24 de octubre de 2018), sin que opere la prescripción por encontrarse el proceso en curso. Colpensiones deberá valorar la indexación del retroactivo conforme a la sentencia, pudiendo el beneficiario ejercer los mecanismos judiciales pertinentes en caso de desacuerdo.

Conclusiones del fallo

La Corte Constitucional concluyó que la Sala de Descongestión No. 1 incumplió la obligación de aplicar el precedente constitucional que permite la aplicación plusultractiva del Acuerdo 049 de 1990 bajo el principio de la condición más beneficiosa. La sentencia ordena la protección efectiva de los derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, el mínimo vital, la vida en condiciones dignas y la seguridad social.

Consideraciones sobre la valoración probatoria

La Corte mantuvo la valoración de que la pérdida de capacidad laboral es de origen común y que la contingencia se estructuró el 24 de octubre de 2018 con un porcentaje de incapacidad del 66,67%. También determinó que el solicitante consolidó una expectativa legítima bajo el Acuerdo 049 de 1990 y que se encuentra en situación de vulnerabilidad acentuada tras valorar integralmente sus condiciones personales, familiares, económicas y de salud.

Remedios y efectos procesales

Se revocaron parcialmente las decisiones judiciales previas que negaron la pensión y se adoptó un fallo de reemplazo, ordenando directamente a Colpensiones el cumplimiento de las obligaciones mencionadas. Además, se estableció que no opera la prescripción respecto del pago retroactivo desde la fecha señalada.

Salvamento y aclaraciones de voto

Se registraron votos discrepantes y aclaraciones de voto respecto a la extensión y aplicación del principio de la condición más beneficiosa, la presunción de vulnerabilidad acentuada, el alcance de la indexación del retroactivo y la omisión de la ponderación con la sostenibilidad financiera y fiscal del sistema pensional. También se discutió la pertinencia del remedio adoptado y la necesidad de preservar la uniformidad y seguridad jurídica en la aplicación de la norma. Este resumen ejecutivo presenta los aspectos esenciales de la Sentencia SU-254/26, la cual estará disponible para consulta pública a partir del 14 de agosto de 2026. La Corte Constitucional reafirma con esta decisión su compromiso con la garantía efectiva de los derechos sociales y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad dentro del sistema pensional colombiano.