Naturaleza de la providencia y tribunal

El auto fue emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el trámite de casación, como revisión de una sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, en segunda instancia.

Sentido de la decisión

• Se casó de oficio y parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla.
• Se redujo la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 20 años (máximo legal) a 201 meses, que corresponde al término de la pena principal de prisión impuesta.
• Se redujo la pena accesoria de privación para la tenencia y porte de armas de 15 años (máximo legal) a 1 año, el mínimo previsto legalmente para esta sanción.
• Se confirmó la condena principal y demás aspectos de la sentencia de segunda instancia.
• Se advirtió que contra esta decisión no proceden recursos.

Razón principal de la decisión

La Sala identificó una violación al principio de legalidad en la imposición de las penas accesorias. En primer lugar, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas fue fijada en 20 años sin motivación suficiente, cuando la ley establece que debe ser igual o hasta una tercera parte más que la pena principal de prisión. En segundo lugar, la privación para el porte y tenencia de armas fue impuesta en el máximo legal (15 años) sin aplicar el sistema de cuartos previsto en el Código Penal ni justificar la dosificación. En consecuencia, se ordenó reducir ambas penas accesorias a los términos legalmente coherentes con la pena principal y con los parámetros legales de dosificación.

Antecedentes fácticos y procesales

Los hechos ocurrieron en febrero de 2021 en Puerto Colombia, Atlántico, cuando la acusada contrató un servicio de mototaxista para desplazarse a un lugar donde ocurrieron actos de tentativa de homicidio agravado y hurto calificado agravado, en los que participaron como coautores dos personas más. Durante el intento de hurto, una de las personas disparó a la víctima, y en la persecución policial fueron capturados los implicados junto con el arma y la motocicleta objeto del hurto. El juzgado de primera instancia condenó a los acusados por los delitos tentados de homicidio agravado y hurto calificado agravado, imponiendo penas de prisión y penas accesorias. La sentencia absolvió del delito de fabricación, tráfico y porte de armas por falta de pruebas. El Tribunal Superior confirmó esta condena en apelación. Posteriormente, la defensa interpuso recurso de casación, que fue inadmitido, pero la Corte revisó de oficio las penas accesorias impuestas en segunda instancia.

Efectos jurídicos de la decisión

La decisión modifica las penas accesorias de los condenados, reduciéndolas a los términos conforme al principio de legalidad y a los parámetros de dosificación del Código Penal. Esta reducción favorece a los condenados y es vinculante para las autoridades judiciales y administrativas encargadas de hacer cumplir la sentencia. La sentencia de segunda instancia permanece invariable en lo demás. La notificación y cumplimiento de esta providencia corresponden al Tribunal de origen. Contra esta decisión no proceden recursos adicionales, consolidando así la seguridad jurídica y el respeto a los principios procesales que rigen la imposición de sanciones penales.