Naturaleza de la providencia y tribunal

El auto fue dictado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su competencia para pronunciarse de fondo oficiosamente en sede de casación. Se trata de una decisión en segunda instancia procesal que revisa aspectos relevantes de la dosificación punitiva en un caso de allanamiento a cargos tras captura en flagrancia.

Sentido de la decisión

• Se casó parcialmente la sentencia de apelación emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, en cuanto a la cuantía de las penas impuestas.
• Se ordenó modificar la pena principal de prisión reduciéndola de siete años, diez meses y quince días a cincuenta y cuatro meses (4 años y 6 meses), aplicando la rebaja del 50% por allanamiento a cargos en flagrancia según la nueva legislación.
• Se ajustaron las penas accesorias: la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas a seis meses (tras aplicar el descuento del 50%).
• Se mantuvieron invariables los demás aspectos del fallo anterior, como la condena por el delito y las demás medidas impuestas.
• No procede recurso alguno contra esta determinación.

Razón principal de la decisión

La Sala fundamentó su decisión en el principio de favorabilidad en materia penal, que permite la aplicación retroactiva de la norma más benigna. La derogatoria del parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de 2004, establecida por el artículo 13 de la Ley 2477 de 2025, eliminó la limitación de la rebaja de pena en casos de allanamiento a cargos en flagrancia, permitiendo ahora conceder hasta el 50% de descuento en la pena, en lugar del 12.5% que antes se aplicaba. El tribunal consideró que, al haberse allanado los procesados a los cargos en la primera oportunidad procesal y haber sido capturados en flagrancia, corresponde aplicar la norma más favorable, reconociendo la rebaja máxima prevista en la Ley 906 de 2004 para la audiencia de formulación de imputación.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El caso se originó por la captura en flagrancia de dos personas que portaban un arma de fuego sin permiso. En la audiencia de formulación de imputación, ambos se allanaron a los cargos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. La judicatura de primera instancia impuso una pena de prisión de 7 años, 10 meses y 15 días, con una rebaja del 12.5% conforme al parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de 2004. La apelación del Ministerio Público llevó a la revocación de la medida de prisión domiciliaria y al aumento de la severidad de la sanción accesoria. Posteriormente, la Ley 2477 de 2025 derogó expresamente el parágrafo mencionado, estableciendo un régimen más favorable para la rebaja de penas por allanamiento en casos de captura en flagrancia.

Efectos jurídicos de la decisión

El auto vincula a las autoridades judiciales para ajustar la dosificación punitiva en el caso concreto, otorgando la rebaja máxima del 50% en la pena principal y aplicando proporcionalmente la reducción en las penas accesorias. La decisión es definitiva y no admite recursos. Además, ratifica la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal, confirmando la posibilidad de aplicar retroactivamente normas más benéficas en materia de rebaja de penas por allanamiento a cargos en flagrancia. Notifíquese y cúmplase conforme a derecho.