Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia corresponde a un auto proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el trámite de tutela de segunda instancia, que resolvió la impugnación contra la decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, que negó el amparo de derechos fundamentales.

Sentido de la decisión

• Confirmar el auto del 18 de marzo de 2026, mediante el cual se negó la acción de tutela.
• Notificar la providencia conforme a la norma procesal aplicable.
• Remitir el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Razón principal de la decisión

La Corte Suprema encontró que las decisiones judiciales cuestionadas contenían una valoración razonada, fundamentada en los elementos fácticos, jurídicos y probatorios pertinentes. Se evaluó el cumplimiento de los requisitos legales para la libertad condicional, incluyendo la conducta del condenado durante la ejecución de la pena y su proceso de resocialización. A pesar de reconocer aspectos favorables, como el cumplimiento de la parte objetiva de la pena y calificaciones positivas en el centro de reclusión, se concluyó que el proceso de resocialización no había alcanzado un punto óptimo para justificar la libertad condicional. Se destacó que después de concedida la prisión domiciliaria, el condenado no participó en actividades de redención de pena ni en programas de trabajo, estudio o enseñanza, evidenciando desinterés en su proceso de reinserción social. La gravedad de la conducta punible se consideró un factor relevante dentro de una evaluación armónica que no está proscrita por la jurisprudencia vigente. La decisión judicial fue motivada y no incurrió en defectos de procedimiento, sustantivo o motivación que justificaran la tutela.

Antecedentes fácticos y procesales

• El condenado fue sentenciado en 2015 a una pena de más de 24 años de prisión por delitos que incluyen homicidio, hurto calificado agravado y concierto para delinquir.
• Se le concedió prisión domiciliaria en febrero de 2024 tras constituir caución y suscribir compromiso.
• En diciembre de 2025, el juzgado de ejecución de penas negó la solicitud de libertad condicional, fundamentando la decisión en la insuficiente resocialización y la gravedad del delito.
• Recursos de reposición y apelación fueron interpuestos y negados por los juzgados respectivos.
• Posteriormente, en tutela, se solicitó el amparo de derechos fundamentales argumentando defectos en la valoración probatoria y desconocimiento de precedentes judiciales.

Efectos jurídicos de la decisión

La decisión confirma la negativa a conceder la libertad condicional, por lo que el condenado debe continuar cumpliendo la pena privativa de la libertad en la modalidad establecida. La providencia vincula a las autoridades judiciales encargadas de la ejecución de penas y limita la procedencia de la acción de tutela para impugnar valoraciones judiciales motivadas dentro del marco legal. Además, se ordena remitir el expediente a la Corte Constitucional para posible revisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.