Naturaleza de la providencia y contexto procesal

El presente auto fue proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el trámite de impugnación de una tutela. La acción de tutela fue interpuesta en contra de una medida de protección consistente en el desalojo decretado por un Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías en el marco de un proceso penal por el delito de violencia intrafamiliar. La medida fue adoptada afectando a la persona procesada, quien ocupaba el inmueble objeto de la orden.

Sentido de la decisión

• Confirmar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta.
• Ordenar la notificación a las partes conforme a la normativa vigente.
• Disponer la remisión del expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión una vez quede en firme el auto.

Razón principal de la decisión

La Sala fundamentó su decisión en que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario, destinado a la protección inmediata de derechos fundamentales cuando no existan otros medios judiciales eficaces o en caso de perjuicio irremediable. En el caso concreto, se constató que contra la medida de desalojo existe un recurso de apelación en trámite ante la autoridad judicial competente, que fue recibido antes de la presentación de la tutela. Por tanto, no se ha agotado la vía ordinaria y no se configura la excepcionalidad para la procedencia de la tutela. Además, la Sala señaló que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención transitoria del juez constitucional. La tutela no puede sustituir al juez natural ni intervenir en procesos judiciales en curso cuando existen recursos idóneos para la protección de derechos.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

La persona accionante se encuentra vinculada en un proceso penal por violencia intrafamiliar, en donde la víctima es su progenitora de avanzada edad. En dicho proceso, el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías decretó una medida de protección consistente en el desalojo del inmueble que ocupaba la accionante, argumentando el incumplimiento de requerimientos para cesar presuntos actos de violencia psicológica hacia la víctima. La accionante cuestionó la competencia del juzgado que dictó la medida, la valoración probatoria y la proporcionalidad de la orden de desalojo. Presentó recurso de apelación contra dicha decisión, que fue remitido a un Juzgado Penal de Circuito de Conocimiento, autoridad competente para resolverlo. Posteriormente interpuso la acción de tutela con el fin de dejar sin efectos la medida de protección.

Efectos jurídicos de la providencia

La confirmación del auto implica que la acción de tutela no procederá para suspender ni dejar sin efectos la orden de desalojo mientras se encuentra en trámite el recurso de apelación ante la autoridad judicial ordinaria. La persona afectada debe agotar los medios de defensa judicial establecidos en el proceso penal para cuestionar la medida. La providencia vincula a las partes involucradas y ordena la notificación conforme a la ley, además de remitir el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión posterior. Culmina así el trámite constitucional en esta instancia, reafirmando los límites del mecanismo de tutela frente a decisiones judiciales en curso y la necesidad de respetar la competencia del juez natural y el debido proceso. De esta manera, se garantiza la estabilidad y la coherencia del sistema judicial, evitando intervenciones prematuras que puedan afectar la correcta administración de justicia. La decisión sienta un precedente relevante sobre el uso adecuado de la acción de tutela en materia penal, especialmente en casos relacionados con medidas cautelares y de protección.