Naturaleza de la providencia y contexto procesal

Se trata de un auto proferido por la Sala de Decisión de Tutelas N.º 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, en el trámite de impugnación contra un fallo de tutela de primera instancia emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. La acción de tutela fue presentada por una servidora pública vinculada en provisionalidad a la Fiscalía General de la Nación contra presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral reforzada y seguridad social.

Sentido de la decisión

• Modificar el fallo impugnado y, en su lugar, negar el amparo solicitado.
• Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión conforme al artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Razón principal de la decisión

El tribunal estableció que no existe un acto administrativo concreto que haya dispuesto la desvinculación de la servidora pública, lo que constituye un presupuesto lógico-jurídico indispensable para que prospere una acción de tutela en materia de derechos fundamentales. La amenaza de vulneración se considera hipotética o futura, dado que depende del desarrollo de un proceso de selección y de actuaciones administrativas aún no concluidas. Por consiguiente, la acción de tutela no es procedente para anticipar la protección frente a eventuales vulneraciones futuras e inciertas. Asimismo, la Sala recordó que existen mecanismos judiciales ordinarios, como las acciones contencioso-administrativas, para controvertir cualquier acto administrativo que efectivamente disponga la desvinculación. En ese sentido, la tutela no sustituye los procedimientos previstos para la defensa de derechos laborales en casos concretos.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

• La servidora pública ha estado vinculada a la Fiscalía General de la Nación desde 2003, desempeñando varios cargos en provisionalidad.
• Actualmente ocupa un cargo ofrecido en el concurso de méritos FGN-2024, cuyo proceso culminó con la adopción de la lista de elegibles para provisión definitiva.
• Solicitó la exclusión de su cargo del concurso debido a su condición de prepensionada, petición que fue negada por la entidad.
• Se inició el trámite administrativo para proveer el cargo, lo que generó la acción de tutela para impedir su desvinculación antes de un análisis integral de su situación.
• La Sala Penal del Tribunal Superior declaró improcedente la tutela al considerar que la amenaza era un hecho futuro e incierto.

Efectos jurídicos de la decisión

• La servidora pública continuará vinculada en provisionalidad a la Fiscalía General de la Nación, sin que la tutela ordene la suspensión del proceso de provisión definitiva del cargo.
• La Fiscalía debe observar los lineamientos jurisprudenciales para la protección de servidores públicos en condición de prepensionados en eventuales procesos de desvinculación, aunque esto no implica suspender el proceso ni desplazar el principio del mérito.
• El expediente fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión conforme a la normativa vigente.

En conclusión, la Corte Suprema reafirma la importancia de respetar los procedimientos administrativos y jurisdiccionales ordinarios para la defensa de derechos laborales, reservando la acción de tutela para casos de vulneraciones ciertas, actuales e inmediatas, y no para situaciones hipotéticas o futuras.