Naturaleza de la providencia y competencia

La providencia objeto de análisis es un auto proferido en segunda instancia por la Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Corte Suprema de Justicia, en impugnación a un fallo previo de la Sala de Casación Laboral. La Sala declaró competente para conocer la impugnación con base en las normas procesales aplicables al trámite constitucional.

Sentido de la decisión

La Sala resolvió:

• Confirmar el auto de la Sala de Casación Laboral que declaró improcedente la acción de tutela promovida por la administradora de fondos de pensiones.
• Notificar la decisión a las partes conforme al procedimiento legal.
• Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de esta determinación.

Razón principal de la decisión

La decisión se sustenta en la constatación de que la parte accionante no cumplió con el requisito general de subsidiariedad para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En particular:

• En uno de los procesos cuestionados, no se interpuso recurso de reposición ni, en subsidio, de queja contra el auto que negó la concesión del recurso extraordinario de casación, recursos que resultaban idóneos y necesarios para agotar la vía ordinaria.
• En los demás procesos, aunque se presentaron los recursos mencionados, la parte accionante no aportó evidencias adecuadas para demostrar el interés económico necesario para la procedencia del recurso de casación, lo que también impide la procedencia del amparo constitucional.

Se destacó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y residual, cuya procedencia frente a providencias judiciales depende del agotamiento previo de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. La Sala señaló que abrir el trámite constitucional para subsanar omisiones atribuibles a la parte implicaría desnaturalizar esta acción y vulnerar la autonomía e independencia judicial.

Antecedentes fácticos y procesales

La administradora de fondos de pensiones promovió acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, alegando vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad. La controversia surgió por sentencias de segunda instancia que resolvieron demandas laborales relacionadas con la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, en particular respecto a gastos de administración y primas de seguro previsional. La parte accionante sostuvo que dichas sentencias desconocieron el precedente constitucional fijado en la sentencia SU-107 de 2024, que estableció reglas vinculantes sobre las consecuencias económicas de la ineficacia del traslado. Solicitó que se dejaran sin efecto las providencias de segundo grado y se ordenara emitir decisiones ajustadas a ese precedente. La Sala de Casación Laboral, como juez constitucional de primera instancia, declaró improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al no agotarse adecuadamente los recursos judiciales disponibles.

Efectos jurídicos

La confirmación del auto implica que la acción de tutela no podrá ser utilizada para reabrir las etapas procesales en las que no se agotaron los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en la ley. La decisión vincula a las partes procesales y mantiene vigentes las sentencias de segunda instancia cuestionadas, en tanto no se interpongan o agoten adecuadamente los recursos judiciales correspondientes.

Conclusión del tribunal

La Sala concluyó que el requisito de subsidiariedad no se cumplió en la totalidad de los procesos examinados, por lo que la acción de tutela es improcedente. En consecuencia, confirmó el auto impugnado y ordenó notificar a las partes y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, reafirmando así la importancia de respetar el debido proceso y la jerarquía de los recursos judiciales en el sistema legal.