Capacidad jurídica para celebrar contratos estatales

La capacidad jurídica es un requisito esencial para que las personas naturales y jurídicas puedan celebrar contratos con entidades estatales, conforme a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Código Civil. En particular, las personas jurídicas deben actuar dentro de lo previsto en su objeto social y forma de constitución, acreditando esta capacidad mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio, con antigüedad no mayor a 30 días. En materia de contratación estatal, la capacidad jurídica se materializa a través de la representación legal, que permite a ciertas personas ejercer la capacidad legal de la entidad. Las entidades estatales deben verificar la calidad y facultades del representante legal para asegurar que esté habilitado para presentar ofertas y comprometer a la persona jurídica.

Obligaciones frente al sistema de seguridad social integral

Según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las personas jurídicas deben acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social de sus empleados, entendidos estos como quienes mantienen una relación laboral en los términos del Código Sustantivo del Trabajo. Para tal efecto, la acreditación se realiza mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, correspondiente a un periodo no inferior a seis meses previos a la celebración del contrato. En contraste, la ley no exige que las personas jurídicas acrediten el pago de aportes por contratistas o representantes legales que no tengan vínculo laboral, como en el caso de prestación de servicios. Por tanto, la acreditación de pagos...