La liquidación del contrato estatal es el ajuste económico, técnico y jurídico que permite establecer el balance final de las obligaciones entre las partes contratantes. Según la normativa vigente, en particular el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, existen tres tipos de liquidación: bilateral, unilateral y judicial. La liquidación bilateral debe realizarse en el plazo acordado por las partes o, en su defecto, dentro de cuatro meses desde la finalización del contrato. Si no se logra acuerdo, la entidad puede proceder con la liquidación unilateral en un término de dos meses, y existe un plazo máximo de dos años para realizar esta liquidación unilateral o solicitarla judicialmente. Respecto a la competencia para liquidar, el Consejo de Estado había sostenido posturas divergentes. Algunas subsecciones consideraban que la entidad perdía competencia desde la presentación de la demanda, mientras que otras señalaban que la pérdida de competencia se configuraba con la notificación del auto admisorio de la demanda. Recientemente, mediante auto del 27 de febrero de 2026, se unificó el criterio: la entidad estatal pierde competencia para expedir actos administrativos de declaratoria de incumplimiento y liquidación unilateral desde la notificación del auto admisorio de la demanda que incluya pretensiones relacionadas con la liquidación judicial del contrato. Este criterio garantiza seguridad jurídica y refuerza la separación entre la función administrativa y judicial. Una vez notificada la demanda, la entidad debe abstenerse de adoptar decisiones sobre los aspectos sometidos al juez, evitando actuar como juez de su propia causa.

Gestión presupuestal durante el...