El Tribunal Administrativo del Cauca analizó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por una empresa constructora contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La demanda solicitaba la nulidad de varios actos administrativos sancionatorios relacionados con sanciones por no declarar retenciones en la fuente en distintos períodos del año gravable 2023, cuyo valor conjunto ascendía a más de mil ciento cincuenta millones de pesos. Según la valoración del tribunal, para determinar la competencia en primera instancia en estos casos se aplican las disposiciones de la Ley 2080 de 2021, que modificó la Ley 1437 de 2011. En particular, los tribunales administrativos conocen los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho cuando la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La cuantía debe estimarse con base en la pretensión mayor y no en la suma total de sanciones acumuladas. En este caso, el tribunal encontró que la sanción mayor ascendía a 240.946.000 pesos, cifra inferior al umbral de los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de presentación de la demanda. Por tanto, no correspondía que el Tribunal Administrativo del Cauca conociera el asunto. Como consecuencia, se dispuso la remisión del proceso a los juzgados administrativos del circuito de Popayán, que son los competentes conforme al artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Se ordenó además que esta remisión se realice una vez quede en firme esta providencia y se tramite a través de la oficina judicial para su reparto. Esta decisión reafirma la importancia de cumplir con los requisitos de competencia establecidos en la legislación vigente para la admisión y trámite de demandas contencioso-administrativas, en especial cuando se discuten actos administrativos sancionatorios de carácter tributario. La correcta determinación de la cuantía y la competencia garantiza el debido proceso y la adecuada administración de justicia en estas materias, asegurando que los casos sean tramitados por las autoridades competentes conforme a la ley.