Las cajas de compensación familiar (CCF) son entidades privadas sin ánimo de lucro, encargadas de administrar los aportes parafiscales destinados al subsidio familiar, bajo vigilancia estatal, según la Ley 21 de 1982. Ante la ausencia de una norma expresa que regule el término de prescripción para las acciones de cobro de dichos aportes en mora, la Superintendencia del Subsidio Familiar aclaró el marco jurídico aplicable y los procedimientos correspondientes.

Término de prescripción según el Consejo de Estado

El Consejo de Estado ha establecido que, en ausencia de regulación específica, se aplica el artículo 2536 del Código Civil colombiano, que fija un plazo de cinco años para la acción ejecutiva y diez años para la prescripción de la acción ordinaria en el cobro de aportes parafiscales. Esto implica que las CCF deben ejercer sus derechos dentro de esos plazos para evitar la pérdida del derecho al cobro.

Procedimientos para el cobro

La Superintendencia señaló dos vías para el cobro de aportes en mora: primero, mediante el procedimiento administrativo establecido en la Resolución 2082 de 2016 de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), que regula el seguimiento y cobro persuasivo; y segundo, a través de la vía ejecutiva judicial, regulada por la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), cuando no se logra el pago voluntario.

Declaración de la prescripción y competencias

La declaración de prescripción no puede ser unilateralmente determinada por las CCF, sino que corresponde en primera instancia al propio acreedor realizar la depuración de cartera y, en caso necesario, solicitar la declaración judicial. El deudor también puede alegar la prescripción como excepción en el proceso judicial. La Superintendencia aclaró que no tiene competencia para evaluar la dificultad en el recaudo ni para declarar la prescripción, limitándose a funciones de inspección, vigilancia y control.

Recomendaciones para las cajas de compensación familiar

Se resalta la importancia de que las CCF implementen políticas administrativas claras para la gestión de cartera, incluyendo procedimientos internos para garantizar la legalidad y transparencia de las decisiones sobre prescripción. Además, deben tener presente la prohibición legal de destinar recursos para fines distintos al subsidio familiar, conforme a la Ley 21 de 1982. El adecuado manejo y recuperación de los aportes es responsabilidad de cada caja, bajo la supervisión de la Superintendencia. Para facilitar el acceso a conceptos jurídicos y orientaciones adicionales, la Superintendencia invitó a consultar su relatoría jurídica disponible en su página web. En conclusión, las CCF cuentan con un marco normativo que les permite ejercer acciones de cobro con plazos definidos y procedimientos establecidos, pero la declaración de prescripción requiere intervención judicial. Es fundamental que las cajas mantengan una gestión rigurosa para evitar la consolidación de la prescripción y posibles cuestionamientos de los entes de control. De esta manera, se garantiza la correcta administración de los recursos destinados al subsidio familiar y se protege el derecho de los beneficiarios.