Funciones y competencias de la Auditoría General y las contralorías territoriales

La Auditoría General de la República tiene la función de ejercer vigilancia y control de la gestión fiscal de las contralorías y sus fondos de bienestar social, según lo establecido en el Decreto Ley 272 de 2000 y la Constitución Política. Sin embargo, este ente no puede intervenir en decisiones operativas o específicas de las contralorías o sus sujetos de vigilancia, manteniendo un control posterior y selectivo. Por su parte, las contralorías territoriales son autónomas para prescribir los métodos, formas y criterios de evaluación en la rendición de cuentas de sus sujetos vigilados, conforme al artículo 268 constitucional y normativas como la Ley 330 de 1996 y el Decreto Ley 403 de 2020.

El aplicativo SIA Observa y su uso en la rendición de cuentas

SIA Observa es una herramienta informática desarrollada para facilitar la rendición de cuentas en línea sobre la ejecución presupuestal y contractual de entidades públicas. El sistema organiza y estandariza la información contractual, parametrizando documentos obligatorios y complementarios para cada modalidad contractual. No obstante, la matriz documental del sistema no limita jurídicamente a las contralorías territoriales, que conservan la facultad de establecer qué documentos exigir, bajo qué condiciones y oportunidades, incluso otorgando carácter obligatorio a documentos catalogados como informativos en la plataforma, siempre dentro de su normativa interna.

Responsabilidades y alcance para entidades como EDESO

EDESO, como empresa industrial y comercial del Estado de orden municipal, es sujeto de vigilancia y control fiscal de la Contraloría Municipal correspondiente. En consecuencia, debe reportar su información contractual a través de SIA Observa conforme a los lineamientos que establezca dicha contraloría. Si EDESO celebra contratos con entidades que pertenecen al ámbito de vigilancia de otra contraloría territorial, como la departamental, la competencia para el control fiscal corresponderá generalmente a la contraloría que vigila el origen de los recursos. Por ejemplo, si los recursos son municipales, la contraloría municipal será la competente. En caso de que existan contratos con fuentes de financiación mixtas o que por disposición de la contraloría municipal no puedan ser reportados en el SIA Observa, será esa entidad de control la encargada de definir los mecanismos alternativos para garantizar la publicidad, transparencia y trazabilidad de la información.

Reporte en múltiples plataformas y conclusiones

Cuando existan disposiciones que requieran la presentación de información contractual en diferentes plataformas de control fiscal, los sujetos vigilados deben cumplir con dichas exigencias, respetando las instrucciones de cada órgano competente. En síntesis, la Auditoría General fija directrices generales para la rendición de cuentas, pero la regulación específica y la determinación de los documentos a reportar corresponden a cada contraloría territorial, que actúa con autonomía técnica. El incumplimiento en la presentación de información puede acarrear sanciones administrativas conforme a la normativa vigente. Este concepto se emite con carácter orientador y no implica obligatoriedad directa, respetando la independencia y autonomía de los órganos de control fiscal territoriales. De esta manera, se busca fortalecer la transparencia y la adecuada gestión fiscal en el ámbito territorial, garantizando que cada entidad cumpla con sus responsabilidades dentro del marco legal establecido.