Presupuesto de las contralorías territoriales

El presupuesto de las contralorías territoriales proviene exclusivamente de un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) de la entidad territorial correspondiente, sin contar con ingresos propios. Para las contralorías departamentales, este porcentaje varía según la categoría del departamento, mientras que para las municipales y distritales, el presupuesto se ajusta anualmente en función de la inflación, sin posibilidad de incrementos adicionales.

Fortalecimiento financiero y facultades de intervención

El concepto destaca que la limitada capacidad presupuestal restringe la operatividad de las contralorías, afectando su función de vigilancia y control fiscal. En respuesta, el acto legislativo 04 de 2019 modificó la Constitución para otorgar al Contralor General de la República la facultad de intervenir en casos excepcionales en las contralorías territoriales, especialmente cuando estas carecen de capacidad técnica, operativa o logística. El Decreto-Ley 403 de 2020 reglamenta estas intervenciones, estableciendo criterios claros para su aplicación. Además, se prevé la posibilidad de una intervención administrativa general cuando la Auditoría General detecte insuficiencia operativa para cumplir las funciones eficientemente.

Mandato constitucional y proyectos pendientes

El concepto enfatiza el mandato constitucional contenido en el parágrafo transitorio 2º del artículo 272, que exige la reglamentación del fortalecimiento financiero de las contralorías territoriales en un término no superior a un año. Sin embargo, este mandato no ha sido cumplido plenamente, a pesar de proyectos de ley presentados que buscaban modificar los porcentajes presupuestales y garantizar recursos adicionales mediante cuotas de fiscalización. La Auditoría General insta a que se continúe con el desarrollo de mecanismos estables para asegurar la continuidad, autonomía y eficiencia en el control fiscal territorial, evitando escenarios de insuficiencia presupuestal estructural.

Conclusiones y recomendaciones

Entre las conclusiones, se destaca que el presupuesto actual está sujeto a límites porcentuales y ajustes inflacionarios, sin posibilidad de incrementos adicionales. Se reitera la necesidad de que el Gobierno Nacional, la Contraloría General y las contralorías territoriales colaboren para cumplir el mandato constitucional de fortalecimiento financiero. Asimismo, se recuerda que la Contraloría General tiene facultades para intervenir en contralorías con deficiencias operativas, y que estas intervenciones podrían incluso conducir a la desaparición de la entidad territorial intervenida, lo que refuerza la urgencia de consolidar su sostenibilidad financiera. Finalmente, el concepto aclara que sus pronunciamientos tienen carácter orientador y no constituyen fuente normativa ni obligación de cumplimiento, sino que buscan facilitar la aplicación jurídica en materia de control fiscal. El texto completo del concepto está disponible para consulta pública en el sitio web de la Auditoría General de la República.