Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto proferido por la Sala Plena de la Corte Constitucional en cumplimiento de sus atribuciones para dirimir un conflicto aparente de competencia entre dos altas corporaciones judiciales: la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Subsección A, Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado.

Sentido de la decisión

• Dejar sin efectos el auto emitido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que remitió el expediente al Consejo de Estado.
• Ordenar la remisión inmediata del expediente a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que continúe con el trámite y adopte la decisión correspondiente.
• Comunicar la decisión a las partes involucradas y a las autoridades judiciales mencionadas.

Razón principal de la decisión

La Corte Constitucional determinó que el conflicto aparente de competencia surgió por la aplicación incorrecta de las reglas de reparto establecidas en el Decreto 333 de 2021, las cuales son pautas administrativas para asignar expedientes y no normas que definan competencia judicial. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema interpretó erróneamente dichas reglas para apartarse del trámite de la acción de tutela, cuando en realidad debía continuar con el proceso al ser la autoridad judicial a la que se le asignó inicialmente el caso. Además, la Corte recordó que la solución de conflictos de competencia en materia de tutela corresponde, en principio, a las autoridades judiciales previstas en la Ley 270 de 1996, y que su intervención es residual y excepcional.

Antecedentes relevantes

Una acción de tutela fue presentada contra la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura con el fin de proteger derechos fundamentales relacionados con el acceso a información pública y el debido proceso. Inicialmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema decidió remitir el expediente al Consejo de Estado, fundamentando su decisión en una regla de reparto que asigna competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa para tutelas promovidas por empleados judiciales de la jurisdicción ordinaria. El Consejo de Estado, a su vez, propuso conflicto de competencia y remitió el caso a la Corte Constitucional para su decisión definitiva.

Efectos jurídicos

La decisión vincula a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que deberá tramitar en primera instancia la acción de tutela presentada. Se deja sin efectos la decisión que remitió el caso al Consejo de Estado, garantizando así la continuidad del proceso en la autoridad judicial inicialmente asignada. La comunicación de esta providencia a las partes y a las autoridades involucradas establece las obligaciones de notificación y cumplimiento.

Conclusión

El auto establece que las reglas administrativas de reparto no pueden ser usadas para declarar falta de competencia ni para plantear conflictos negativos de competencia. La acción de tutela debe ser conocida por la autoridad judicial inicialmente asignada, en este caso la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, asegurando la protección oportuna de los derechos fundamentales. Con esta decisión, la Corte Constitucional reafirma la importancia de respetar los procedimientos legales y la correcta asignación de competencias para garantizar la eficiencia y justicia en el trámite de las acciones de tutela.