Naturaleza de la providencia y contexto procesal

Se trata de un auto proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en segunda instancia, mediante el cual se resolvió un recurso de apelación interpuesto contra un auto del Tribunal Administrativo del Meta que rechazó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. La demanda fue presentada en contra de la Agencia Nacional de Tierras y buscaba la nulidad de un acto administrativo que negó la adjudicación de un predio baldío, así como la declaración de cumplimiento de requisitos para dicha adjudicación.

Sentido de la decisión

• Se confirmó el auto del 15 de febrero de 2024 del Tribunal Administrativo del Meta, que rechazó la demanda.
• La razón principal fue que la parte demandante no subsanó en debida forma la deficiencia relacionada con la acreditación del poder judicial dentro del término legal otorgado.
• Se ordenó devolver el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, una vez ejecutoriada la providencia.

Razón principal de la decisión

La Sala concluyó que el tribunal de primera instancia actuó conforme a la ley al inadmitir inicialmente la demanda y otorgar un plazo de diez (10) días para subsanar diversos defectos, entre ellos la falta de presentación personal o acreditación mediante mensaje de datos con trazabilidad del poder conferido al apoderado. El tribunal requirió expresamente que la parte demandante aportara la presentación personal del poder o la evidencia del mensaje de datos y su trazabilidad que permitiera verificar que provenía de la dirección electrónica de la demandante. La parte demandante presentó un escrito de subsanación en el que anunció el envío de la documentación requerida, pero dichos documentos no fueron efectivamente aportados al expediente. La Sala indicó que la mera manifestación de haber remitido los documentos no es suficiente para acreditar el requisito. Además, la Sala señaló que si la parte demandante consideraba excesiva o ilegal la exigencia, debía interponer oportunamente recurso de reposición contra el auto de inadmisión para controvertir la carga procesal impuesta. Al no hacerlo, permitió que el auto quedara en firme y que se generaran las consecuencias procesales del incumplimiento, entre ellas el rechazo de la demanda. El recurso de apelación contra el auto de rechazo no está diseñado para reabrir la discusión sobre defectos señalados en la inadmisión, sino para verificar si la subsanación se cumplió dentro del término legal, lo que no ocurrió en este caso. Se recordó que el principio de preclusión y la perentoriedad de los términos procesales imponen que las cargas procesales se cumplan en la forma y tiempo establecidos, y que la administración de justicia no está obligada a verificar o completar la remisión defectuosa de documentos por parte de quien actúa como apoderado.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

• La demanda fue presentada el 1° de diciembre de 2020, solicitando la nulidad de una resolución que negó la adjudicación de un predio baldío y el restablecimiento del derecho mediante la adjudicación del mismo.
• El Tribunal Administrativo del Meta inadmitió inicialmente la demanda el 29 de junio de 2021, otorgando un término para subsanar la cuantía, el requisito de conciliación extrajudicial y el poder judicial, específicamente en cuanto a la presentación personal o trazabilidad del poder digital.
• La parte demandante presentó un escrito de subsanación el 14 de julio de 2021, en el que estimó la cuantía, reiteró el cumplimiento del requisito de conciliación y anunció el envío de documentación sobre el poder, pero dicha documentación no fue efectivamente allegada.
• El auto del 15 de febrero de 2024 rechazó la demanda por no haberse subsanado el defecto relacionado con el poder judicial.
• Se interpuso recurso de apelación, que fue concedido para resolver por el Consejo de Estado.

Efectos jurídicos de la decisión

El auto confirmado produce el rechazo definitivo de la demanda por incumplimiento de la carga procesal de subsanación del poder judicial en el término legal. Esto implica que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no continuará en esta instancia, y el expediente será devuelto al tribunal de origen para que adelante las actuaciones que correspondan conforme a la decisión ejecutoriada. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.