Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto interlocutorio proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, en el trámite de una acción ejecutiva contra una entidad pública.

Sentido de la decisión

El tribunal resolvió:

• Librar mandamiento de pago a favor de la parte ejecutante contra el Departamento del Valle del Cauca, por concepto de capital e intereses moratorios.
• Advertir que la suma ordenada será objeto de revisión en la oportunidad procesal pertinente.
• Ordenar a la entidad ejecutada que cumpla con la obligación en el plazo legal o proponga excepciones dentro del término previsto.
• Notificar personalmente la providencia a la entidad ejecutada, al Ministerio Público y, por estado, a la parte ejecutante.

Razón principal de la decisión

La decisión se sustenta en la existencia de un título ejecutivo claro, expreso y exigible, representado en sentencias judiciales en firme que condenan al Departamento del Valle del Cauca al pago de sumas de dinero. Se constató que la demanda se presentó dentro del término legal, que el tribunal es competente para conocer de la ejecución y que la obligación está determinada y no ha sido cumplida por la entidad pública.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso tiene origen en una sentencia de primera instancia proferida por el mismo tribunal en 2019, confirmada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en 2024. La parte ejecutante solicitó el cumplimiento de dicha sentencia ante la entidad pública, la cual emitió resolución favorable. Sin embargo, ante la falta de pago, se promovió la acción ejecutiva.

Efectos jurídicos de la providencia

El auto interlocutorio vincula al Departamento del Valle del Cauca, imponiéndole la obligación de pagar las sumas ordenadas en un plazo máximo de un mes desde la notificación. En caso de incumplimiento, la entidad podrá presentar excepciones dentro de los diez días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo. La providencia también genera la obligación de notificación a las partes y al Ministerio Público.

Consideraciones sobre el título ejecutivo y competencia

El tribunal recordó que, según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el Código General del Proceso (CGP), las sentencias judiciales que condenan a entidades públicas constituyen títulos ejecutivos. Además, estableció que es competente para conocer la ejecución el mismo tribunal que profirió la sentencia de primera instancia. Respecto a la caducidad, el tribunal indicó que el término para solicitar la ejecución es de cinco años contados desde la exigibilidad de la obligación, la cual en este caso se hizo efectiva diez meses después de la ejecutoria de la sentencia confirmatoria. La demanda fue presentada dentro de dicho término.

Requisitos formales y sustanciales

Se verificó que la demanda cumple con los requisitos legales de forma y contenido, que la parte ejecutante está legitimada para actuar y que la entidad pública es la responsable del pago. La obligación es expresa, clara y exigible, pues consta en la sentencia ejecutoriada y no depende del cumplimiento de condiciones adicionales.

Disposiciones finales

El tribunal ordenó la notificación y cumplimiento de la providencia conforme a los artículos aplicables del CPACA y del CGP, incluyendo el envío de mensajes electrónicos para notificaciones judiciales y la disposición de copias en la Secretaría del tribunal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.