El concepto jurídico responde a la inquietud sobre si la presidencia de la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Justicia Familiar, atribuida al Ministro de Justicia y del Derecho y al Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, puede ejercerse mediante delegación, a pesar de que el Decreto 1574 de 2024 no lo contemple expresamente.

Fundamentos constitucionales y legales de la delegación administrativa

La Constitución Política establece que la función administrativa se rige por principios de eficacia, economía, celeridad, coordinación y responsabilidad. Además, dispone que la ley señalará las funciones delegables por el Presidente de la República y demás autoridades administrativas. La Ley 489 de 1998 regula la delegación administrativa, estableciendo que esta debe constar por escrito y que ciertas funciones, como la expedición de reglamentos generales o aquellas expresamente indelegables, no pueden ser objeto de delegación. Sin embargo, la presidencia de instancias intersectoriales de coordinación administrativa no se encuentra dentro de estas prohibiciones y, por tanto, puede ser delegada bajo las condiciones legales. La jurisprudencia constitucional ha reafirmado que la delegación es un instrumento legítimo para la gestión administrativa, permitiendo el traslado del ejercicio de funciones sin perder la titularidad ni la responsabilidad.

Naturaleza de la presidencia y análisis del decreto

El Decreto 1574 de 2024 reglamentó el Sistema Nacional de Justicia Familiar y su Comisión Intersectorial como instancia de coordinación interinstitucional. La presidencia de esta Comisión recae alternativamente en el Ministro de Justicia y del Derecho y en el Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por períodos de un año. Esta presidencia consiste en dirigir y coordinar un órgano colegiado de naturaleza administrativa y estratégica, sin implicar potestad normativa general ni competencia constitucional personalísima. El decreto autoriza expresamente la delegación de la participación de los integrantes de la Comisión, pero no establece prohibición expresa para la delegación de la presidencia. El análisis sistemático sugiere que el silencio normativo no debe interpretarse como prohibición tácita, especialmente cuando el régimen general favorece la delegación como regla y la indelegabilidad como excepción.

Conclusiones y recomendaciones

Se concluye que es jurídicamente procedente delegar la presidencia de la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Justicia Familiar. La delegación debe formalizarse mediante acto administrativo escrito, recaer en funcionario del nivel directivo o asesor y respetar que el delegante conserva la titularidad de la competencia, la responsabilidad y la facultad de reasumirla en cualquier momento. Este concepto jurídico tiene carácter vinculante para las dependencias internas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y terceros relacionados con su función administrativa, aunque no es obligatorio para particulares o agentes externos. En síntesis, la delegación de esta función administrativa estratégica contribuye a garantizar la eficacia y celeridad en la gestión pública, en línea con los principios constitucionales y legales vigentes, fortaleciendo así la coordinación intersectorial en materia de justicia familiar y promoviendo un desempeño más eficiente y articulado de las entidades involucradas.