Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia es un auto emitido por la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de un trámite de beneficios de amnistía conforme a la Ley 1820 de 2016.

Sentido de la decisión

• Avocar conocimiento del trámite de amnistía respecto de los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, por los que fueron condenados dos comparecientes dentro de un proceso penal ordinario.
• Comisionar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para que, en un término de veinte días hábiles, reciba la declaración de los comparecientes, analice su participación en los hechos, su relación con el exgrupo armado y contraste la información suministrada.
• Oficiar al Grupo de Análisis de Información (GRAI) de la JEP para que, en igual término, elabore un informe preliminar de contexto sobre las condiciones sociales, políticas y armadas en la región y época de los hechos.
• Requerir a los comparecientes la suscripción del formato F1, documento que sintetiza información relevante para la Jurisdicción.
• Comisionar a la Secretaría Ejecutiva de la JEP para que, a través del enlace territorial, suscriba y verifique la suscripción del régimen de condicionalidad con los comparecientes.
• Ordenar la remisión de copias electrónicas de esta resolución, el régimen de condicionalidad, datos de ubicación y poderes a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz para la supervisión correspondiente.
• Designar defensor del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) para uno de los comparecientes en caso de que no tenga representación.
• Facilitar el acceso al expediente a los defensores designados.

Razón principal de la decisión

El auto se fundamenta en la obligación de la Sala de Amnistía de avocar conocimiento del trámite de amnistía conforme a la Ley 1820 de 2016 y la jurisprudencia de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz. Además, se determina que es necesario recabar información suplementaria para valorar adecuadamente la procedencia de los beneficios, incluyendo declaraciones de los comparecientes y análisis contextuales de la región y época de los hechos. La imposición del régimen de condicionalidad se sustenta en el marco constitucional, legal y jurisprudencial que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), el cual condiciona el acceso y mantenimiento de los beneficios a obligaciones específicas.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

Dos personas fueron condenadas por la jurisdicción ordinaria por delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes agravado y delitos relacionados con armas de fuego. Posteriormente, uno de los juzgados de ejecución de penas concedió libertad condicional dentro del proceso penal respectivo. La Sala de Amnistía recibió un listado de personas beneficiarias de libertad condicional otorgada por la jurisdicción ordinaria y decidió ampliar la información antes de pronunciarse. Se acumuló el trámite de beneficios de ambos comparecientes y se requirió información a diversas autoridades judiciales y administrativas sobre la ejecución de la pena.

Efectos jurídicos de la decisión

• Los comparecientes quedan sujetos a un régimen de condicionalidad que implica obligaciones como informar cambios de residencia, no salir del país sin autorización, garantizar la dejación de armas, participar en programas de reparación, comparecer ante las instancias del SIVJRNR cuando sean requeridos y contribuir con verdad plena.
• La Secretaría Ejecutiva de la JEP debe suscribir y verificar la aceptación del régimen de condicionalidad con los comparecientes.
• La Sección de Revisión del Tribunal para la Paz ejercerá la supervisión de la libertad condicionada y el cumplimiento de las obligaciones impuestas.
• Se designa defensor del SAAD para la representación técnica de uno de los comparecientes y se garantiza el acceso de los defensores al expediente.
• Los comparecientes deben diligenciar y suscribir el formato F1 dentro de un plazo de diez días hábiles.
• Se ordena la recolección de información y declaraciones para evaluar la procedencia definitiva del beneficio de amnistía, con un plazo de veinte días hábiles para los informes de la UIA y el GRAI.
• Se notifica a Migración Colombia sobre la restricción para salir del país sin autorización previa.

Con esta decisión, la Sala de Amnistía reafirma su compromiso con la justicia transicional y la garantía de que los beneficios otorgados se ajusten a los principios de verdad, justicia y reparación, asegurando un control riguroso y la participación efectiva de las partes involucradas en el proceso. Así, se avanza en la consolidación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, buscando contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en el país.