Naturaleza de la providencia y contexto

La providencia analizada corresponde a un auto proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, en segunda instancia, en el marco de un proceso de pérdida de investidura iniciado contra concejales del Distrito Especial de Barrancabermeja para el período 2024-2027. La causal invocada es la presunta indebida destinación de recursos públicos, conforme al numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

Sentido de la decisión

El tribunal resolvió lo siguiente:

• Admitir y tener como prueba los documentos aportados por la parte demandante y demandada en sus respectivas solicitudes y contestaciones.
• Ordenar a diversas entidades públicas la entrega de documentos e información específica, detallada en el auto, para su incorporación al expediente.
• Establecer que las pruebas decretadas son de naturaleza documental, por lo que su práctica se surtirá con la incorporación de los documentos sin necesidad de audiencia adicional para tal efecto.
• Advertir a las entidades requeridas que el incumplimiento injustificado o la demora en el cumplimiento de las órdenes podrá acarrear medidas correctivas conforme al Código General del Proceso.
• Disponer que vencido el término para el recaudo de las pruebas, se fije fecha y hora para la audiencia pública prevista en la Ley 1881 de 2018.

Razón principal de la decisión

La decisión se sustenta en la necesidad de contar con elementos probatorios suficientes para verificar la presunta indebida destinación de recursos públicos vinculada con la nómina y gestión de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, así como la participación de los concejales demandados en actos administrativos relacionados con la aprobación presupuestal y destinación de dichos recursos. La providencia se basa en el artículo 11 de la Ley 1881 de 2019 y en las disposiciones procesales que regulan el proceso especial de pérdida de investidura, enfatizando la naturaleza especial y célere del trámite.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El proceso se inició por solicitud de pérdida de investidura contra concejales del Distrito, con fundamento en la presunta indebida destinación de dineros públicos. Las partes han aportado documentos y han solicitado la práctica de diversas pruebas documentales. En atención a ello, el tribunal decretó la solicitud de documentos adicionales a varias entidades públicas, entre ellas la Inspección de Tránsito y Transporte, el Concejo Distrital y la Secretaría de Hacienda Distrital, para esclarecer la gestión presupuestal y administrativa relativa a la vigencia fiscal 2025.

Efectos jurídicos de la providencia

El auto vincula a las entidades requeridas a entregar la información solicitada en un plazo de tres días hábiles desde la comunicación del oficio. El incumplimiento o demora injustificada puede generar la imposición de medidas correctivas conforme al numeral 3º del artículo 44 del Código General del Proceso. Además, la incorporación de las pruebas decretadas al expediente permitirá la continuación del proceso, incluyendo la fijación de fecha para la audiencia pública correspondiente.

Órdenes específicas de práctica de pruebas

• A la Inspección de Tránsito y Transporte: remitir certificaciones sobre personal operativo y supernumerario, disponibilidad presupuestal, registros y pagos relacionados con la nómina entre julio y diciembre de 2025, entre otros documentos.
• Al Concejo Distrital: entregar actas completas y audios de sesiones relacionadas con el proyecto de acuerdo en cuestión, certificaciones sobre la composición de comisiones, registros de votación y documentación relacionada con la discusión y aprobación presupuestal.
• A la Secretaría de Hacienda Distrital: certificar responsables de elaboración y formulación del proyecto de acuerdo, conceptos jurídicos emitidos, modificaciones presupuestales y certificaciones sobre pagos efectuados con recursos provenientes de multas de tránsito.
• Solicitud de copia auténtica de sentencia y pruebas documentales de proceso anterior relacionado, para garantizar el derecho a la contradicción.

En conclusión, el auto profiere una decisión clave para el desarrollo del proceso de pérdida de investidura, garantizando el acceso a pruebas documentales esenciales para esclarecer los hechos investigados. Al establecer plazos claros y ordenar la entrega de información a las entidades involucradas, el Tribunal Administrativo de Santander reafirma su compromiso con la transparencia y el debido proceso en la administración pública, permitiendo así avanzar hacia una resolución justa y fundamentada conforme a la legislación vigente.