Naturaleza de la providencia y contexto procesal

Se trata de un auto dictado por el Tribunal Administrativo de Santander en el trámite de un recurso de apelación contra una decisión del Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga. El proceso corresponde a una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual se cuestionan actos administrativos relacionados con asignaciones salariales.

Sentido de la decisión

El Tribunal resolvió:

• Confirmar el auto apelado que negó el decreto del interrogatorio de parte solicitado por el Ministerio de Educación Nacional.
• Ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen para continuar con el proceso, tras la ejecutoria de esta providencia.
• Informar a las partes sobre el uso obligatorio de la ventanilla virtual del aplicativo SAMAI para el ingreso de escritos y peticiones procesales.

Razón principal de la decisión

El tribunal consideró que el litigio se sustenta en un debate de legalidad objetiva sobre la validez de actos administrativos, lo que implica un análisis jurídico normativo sin controversias fácticas que requieran prueba testimonial. En consecuencia, el interrogatorio de parte solicitado no es pertinente ni conducente, ya que las manifestaciones de la parte demandante no aportan al esclarecimiento del problema jurídico planteado. Además, se indicó que las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. En este caso, el interrogatorio no cumple dichos requisitos porque:

• Pertinencia: La afectación alegada depende de la interpretación jurídica de los actos administrativos y no de la percepción subjetiva de la parte demandante.
• Conducencia: La presunta afectación salarial se prueba mediante confrontación normativa y no mediante declaraciones adicionales.
• Utilidad: La prueba solicitada no aporta elementos útiles para el convencimiento del juez ni para la resolución del conflicto.

Antecedentes procesales relevantes

El Juzgado de primera instancia, mediante auto del 20 de mayo de 2026, anunció la próxima sentencia anticipada, declaró agotada la etapa de excepciones previas, fijó el litigio, decretó las pruebas documentales presentadas y negó diversas pruebas solicitadas, incluyendo el interrogatorio de parte solicitado por el Ministerio de Educación Nacional. El recurso de apelación fue interpuesto por el Ministerio de Educación Nacional, que sostuvo que el interrogatorio era conducente para esclarecer los perjuicios salariales alegados por la parte demandante y que la controversia no debería limitarse al estudio formal de los actos administrativos sino también a sus consecuencias subjetivas.

Efectos jurídicos de la decisión

La providencia obliga a continuar el proceso sin la práctica del interrogatorio de parte solicitado, reafirmando la naturaleza objetiva y jurídica del litigio. También establece la obligatoriedad para las partes de utilizar la plataforma electrónica SAMAI para la presentación de escritos, garantizando la formalidad y el control procesal. Una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente será remitido al juzgado de origen para la continuación del trámite conforme a lo establecido en el auto confirmado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.