Naturaleza de la providencia y contexto procesal

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en auto interlocutorio de primera instancia, resolvió un incidente de liquidación de perjuicios ordenado en una condena en abstracto dentro de un proceso de reparación directa. La sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado, dictada el 13 de julio de 2022, modificó la sentencia inicial y estableció parámetros específicos para la cuantificación del daño emergente y el lucro cesante mediante incidente.

Sentido de la decisión

El tribunal resolvió lo siguiente:

• Negar la liquidación del perjuicio material en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, solicitada por la parte demandante en el incidente.
• No decretar condena en costas.

Razón principal de la decisión

La decisión se fundamenta en que el dictamen pericial aportado no cumplió con los parámetros fijados por el Consejo de Estado en la sentencia de segunda instancia, los cuales incluyen:

• Determinación técnica del tiempo real de recuperación de las 6,14 hectáreas afectadas, que no pudo ser establecida en el dictamen, pues se adoptó el límite máximo de cuatro años sin soporte técnico específico.
• Cuantificación de la utilidad neta dejada de percibir, que debe incluir todos los costos y gastos asociados a la producción, mientras que el dictamen usó márgenes brutos sin depuración contable completa.
• Presentación de un presupuesto detallado por valores unitarios para el daño emergente, respaldado con cotizaciones específicas para cada rubro, requisito que no fue satisfecho, pues se presentó un presupuesto ex post basado en facturas globales y gastos no discriminados adecuadamente.

Estas insuficiencias técnicas impidieron entender con certeza la cuantía del perjuicio material y lucro cesante conforme a la metodología probatoria ordenada judicialmente.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El litigio se originó en la afectación de 6,14 hectáreas de cultivo de banano por la construcción irregular de una obra de protección contra inundaciones y la omisión de acciones correctivas en un distrito de riego en 2010. En primera instancia, el tribunal condenó en abstracto a la Agencia de Desarrollo Rural, sucesora procesal del INCODER, por daño emergente y lucro cesante, sin cuantificar el monto exacto por insuficiencia probatoria. La segunda instancia modificó la sentencia y estableció parámetros precisos para la liquidación mediante incidente, fijando un límite máximo de cuatro años para el lucro cesante y la obligación de presentar un presupuesto detallado con soportes documentales para el daño emergente. El incidente fue presentado dentro del término legal, acompañado de un dictamen pericial que pretendía acreditar los perjuicios, incluyendo gastos realizados para la readecuación del terreno y la utilidad dejada de percibir. Durante el trámite, la parte demandada desistió del dictamen pericial de contradicción y cuestionó la suficiencia técnica del dictamen presentado.

Efectos jurídicos de la decisión

El auto interlocutorio vincula a las partes en cuanto a la imposibilidad de liquidar en concreto el daño emergente y el lucro cesante con base en el dictamen pericial aportado. Se ordena archivar el expediente si no se interpone recurso de apelación. No se impone condena en costas y se mantiene la condena en abstracto para que, en su momento, se pueda intentar una nueva liquidación conforme a los parámetros establecidos por el Consejo de Estado.

Consideraciones sobre la prueba pericial

El tribunal recordó que la prueba pericial debe ser conducente, fundamentada y clara para producir eficacia probatoria. En este caso, el dictamen no logró demostrar con suficiente rigor técnico y documental la cuantificación del daño emergente ni la utilidad neta dejada de percibir en el lucro cesante, incumpliendo los requisitos de presentación de un presupuesto unitario detallado y la determinación técnica del tiempo de recuperación. Además, se señaló que gran parte de las facturas aportadas correspondían a gastos ordinarios o generales del cultivo y no a costos específicos de la readecuación del área afectada.

Conclusión

El Tribunal Administrativo del Magdalena negó la liquidación concreta del daño emergente y del lucro cesante solicitados en el incidente, por considerar que el dictamen pericial no cumplió los parámetros técnicos y probatorios establecidos en la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado, limitando así la posibilidad de determinar en esta etapa la cuantía precisa de los perjuicios reconocidos en abstracto. Esta decisión reafirma la importancia de cumplir estrictamente con las exigencias probatorias para la liquidación de perjuicios en procesos de reparación directa. Las partes podrán continuar con los recursos correspondientes para intentar una nueva liquidación que cumpla con los requisitos establecidos.