Naturaleza de la providencia, tribunal e instancia
El auto de sustanciación fue proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena en primera instancia, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sentido de la decisión
- Se aprueba la liquidación de costas realizada por el Secretario del Tribunal.
- Se ordena archivar el expediente una vez ejecutoriada la decisión.
- Se dispone que las partes utilicen la ventanilla virtual del sistema de información judicial para la presentación de documentos y recursos.
Razón principal de la decisión
La liquidación de costas, tasada en $1.750.905 por concepto de agencias en derecho fijadas en segunda instancia, fue aprobada porque cumple con los requisitos señalados en la sentencia del Consejo de Estado y se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el artículo 366 del Código General del Proceso.
Antecedentes fácticos y procesales relevantes
- En sentencia de primera instancia, el Tribunal denegó las pretensiones de la demanda sin condena en costas.
- Dicha decisión fue apelada y confirmada por el Consejo de Estado, que además condenó en costas y agencias en derecho al recurrente.
- El Tribunal dio cumplimiento a la orden del Consejo de Estado y fijó las agencias en derecho correspondientes a favor de la parte demandada.
- El Secretario del Tribunal realizó la liquidación de costas conforme a las instrucciones y normativas aplicables.
Efectos jurídicos de la decisión
- La aprobación de la liquidación de costas obliga a la parte condenada a cubrir el monto determinado en favor de la parte demandada.
- El archivo del expediente se ordena una vez la decisión sea ejecutoriada.
- Se establece como medio oficial para la presentación de documentos y recursos la ventanilla virtual del sistema judicial SAMAI, vinculando a las partes y sujetos procesales a su uso para la tramitación del proceso.
Con esta decisión, el Tribunal Administrativo del Magdalena reafirma su compromiso con la correcta aplicación del debido proceso y la transparencia en la gestión judicial, garantizando que las obligaciones económicas derivadas de las actuaciones procesales sean cumplidas conforme a la ley.
