Naturaleza de la providencia y contexto procesal

Se trata de una sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que resuelve la impugnación presentada contra la decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera. La controversia surge en el contexto de un proceso de reparación directa radicado ante el Juzgado Once Administrativo Oral de Medellín.

Sentido de la decisión

La Sala decidió:

• Revocar la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela.
• Amparar el derecho fundamental al debido proceso del Distrito Especial demandante.
• Dejar sin efecto los autos de 10 de marzo y 21 de abril de 2026, así como las actuaciones posteriores del Juzgado Once Administrativo Oral de Medellín en el proceso de reparación directa.
• Ordenar al Juzgado Once Administrativo Oral de Medellín que, dentro de los diez días siguientes a la notificación, profiera una nueva decisión en la que fije fecha para la realización de la audiencia inicial, conforme a las normas procesales aplicables.

Razón principal que sustenta la decisión

La Sala encontró que el Juzgado Once Administrativo Oral de Medellín incurrió en un defecto procedimental absoluto al prescindir injustificadamente de la audiencia inicial en el proceso de reparación directa. Esta etapa es estructural y obligatoria según los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y su omisión vulneró el derecho fundamental al debido proceso de las partes e intervinientes. El juez fundamentó su decisión en principios procesales de celeridad, economía procesal, eficiencia judicial y concentración, argumentando que la audiencia inicial podía generar demoras. Sin embargo, la Sala precisó que tales principios no pueden justificar el desconocimiento de normas procesales de orden público que regulan expresamente la realización de la audiencia inicial. Además, resaltó que esta audiencia tiene finalidades esenciales: saneamiento del proceso, fijación del litigio con participación activa de las partes, resolución de excepciones, decreto de pruebas y posibilidad de conciliación, entre otras, las cuales se deben agotar de forma oral y con intervención de los participantes. La Sala también indicó que la omisión de dicha audiencia impide el ejercicio efectivo de derechos como la defensa y la contradicción, al privar a las partes de la oportunidad inmediata de recurrir las decisiones adoptadas en esa etapa.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín interpuso acción de tutela contra el Juzgado Once Administrativo Oral de Medellín, luego de que este prescindiera de la audiencia inicial en un proceso de reparación directa relacionado con un accidente de tránsito. El juzgado emitió auto en marzo de 2026, en el cual decidió no realizar la audiencia inicial y, en cambio, se pronunció mediante auto sobre el saneamiento, la fijación del litigio y el decreto de pruebas, fijando fecha para la audiencia de pruebas. El Distrito Especial impugnó esta decisión, alegando violación al debido proceso por la omisión de la audiencia inicial, etapa obligatoria en el procedimiento contencioso-administrativo. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, declaró improcedente la tutela por considerar que no se había demostrado la vulneración efectiva del derecho fundamental y que las finalidades de la audiencia inicial se habían cumplido materialmente.

Efectos jurídicos de la decisión

La sentencia de la Sala revoca la decisión de primera instancia y ordena la nulidad de los autos y actuaciones posteriores relacionados con la omisión de la audiencia inicial. Se obliga al Juzgado Once Administrativo Oral de Medellín a programar y realizar la audiencia inicial conforme a lo establecido en el CPACA, garantizando así el derecho al debido proceso de las partes e intervinientes. Además, se dispone notificar la decisión a las partes involucradas y publicar la providencia en la página web del Consejo de Estado. El expediente de tutela será remitido a la Corte Constitucional para su conocimiento. Esta providencia reitera la obligatoriedad del cumplimiento estricto de las etapas procesales previstas en la ley, especialmente aquellas que garantizan la participación y defensa efectiva de las partes en los procesos judiciales administrativos, reafirmando el compromiso del Consejo de Estado con la protección de los derechos fundamentales y la correcta administración de justicia.