Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia es una sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sentido de la decisión

• Se confirma la sentencia del Tribunal Administrativo de Atlántico que negó las pretensiones de la demanda.
• Se condena en costas y agencias en derecho a la parte demandante.

Antecedentes fácticos y procesales

Una sociedad dedicada a la comercialización de desperdicios y chatarra presentó su declaración de impuesto sobre la renta correspondiente al año 2016. La DIAN, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, profirió un requerimiento especial proponiendo modificar la declaración al rechazar costos por más de seis mil millones de pesos, con fundamento en que las operaciones con nueve proveedores carecían de realidad económica. Además, impuso sanciones por inexactitud a la sociedad y sanciones pecuniarias a su representante legal y revisor fiscal. La sociedad respondió al requerimiento aportando amplia documentación, incluyendo certificados, facturas, registros contables y extractos bancarios, argumentando que las operaciones estaban debidamente soportadas y que la DIAN no agotó la labor de verificación. Sin embargo, la DIAN mantuvo la liquidación oficial de revisión y las sanciones tras resolver los recursos de reconsideración. La sociedad interpuso demanda contra la liquidación oficial y la resolución que confirmó las sanciones, solicitando la nulidad de los actos administrativos y el restablecimiento de sus derechos.

Razón principal de la decisión

La Sala valoró el material probatorio recaudado durante la actuación administrativa y el proceso judicial, concluyendo que la DIAN desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración tributaria mediante indicios graves, concordantes y convergentes que demostraron la inexistencia o simulación de las operaciones declaradas como costos deducibles. Entre estos indicios se encontraron:

• Imposibilidad de ubicar a varios proveedores en las direcciones registradas oficialmente, muchas de las cuales no existían o correspondían a predios baldíos.
• El cobro de la mayoría de los cheques girados a favor de los proveedores mediante endosos a terceros, especialmente a una misma persona, sin que la sociedad aportara prueba que explicara estas circunstancias.
• La documentación aportada por la sociedad, incluyendo facturas, registros contables y trazabilidad de inventarios, acreditaba únicamente la existencia formal de las operaciones, pero no su realización efectiva ni la capacidad operativa de los proveedores.
• La ausencia de pruebas provenientes de terceros que corroboraran la realidad material de las transacciones.

Con base en la valoración conjunta de estos elementos, la Sala confirmó el rechazo de los costos declarados y la imposición de la sanción por inexactitud conforme al artículo 647 del Estatuto Tributario (ET), así como la sanción prevista en el artículo 658-1 del ET a los representantes legales. Respecto a la alegación de violación del principio de correspondencia y debido proceso por la supuesta incorporación de nuevos medios de prueba no planteados en el requerimiento especial, la Sala determinó que la Administración mantuvo invariable la glosa inicial y solo complementó la prueba para sustentarla, garantizando el derecho de defensa de la sociedad. Además, se concluyó que no se configuró un procedimiento especial por abuso en materia tributaria, pues la controversia se centró en la verificación de la existencia material de las operaciones y no en la reclasificación de negocios jurídicos válidos. Finalmente, la Sala señaló que no era competente para pronunciarse sobre sanciones impuestas en procedimientos distintos a los objeto de demanda, como el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE).

Efectos jurídicos de la decisión

• La decisión confirma la legalidad de la liquidación oficial de revisión y de las sanciones impuestas a la sociedad y a sus representantes legales en relación con la declaración del impuesto sobre la renta del año 2016.
• Se condena en costas y agencias en derecho a la parte demandante en esta instancia.
• La providencia vincula a las partes en el proceso y ordena al tribunal de origen tramitar el incidente correspondiente a las agencias en derecho.

En conclusión, el Consejo de Estado reafirma la importancia de la valoración probatoria rigurosa en los procesos tributarios y la defensa del principio de veracidad en las declaraciones fiscales, confirmando que la falta de sustento económico real en las operaciones declaradas justifica el rechazo de costos y la imposición de sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente.