Naturaleza de la providencia, tribunal e instancia

La providencia es un auto interlocutorio de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, proferido en segunda instancia en el recurso de apelación contra una decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico.

Sentido de la decisión

La Sala confirmó el auto apelado que negó la medida cautelar solicitada de suspensión provisional de los efectos jurídicos de las Resoluciones 00010 del 11 de octubre de 2023 y GGI 00005 del 14 de febrero de 2024, expedidas por la Secretaría de Hacienda del Distrito de Barranquilla.

• Solicitud: Suspensión provisional de los efectos de dos resoluciones que determinaron el pago del efecto plusvalía sobre predios integrados en un Plan Parcial.
• Decisión: Negación de la suspensión provisional.

Razón principal de la decisión

El tribunal consideró que la solicitud de suspensión provisional requiere un análisis preliminar de legalidad que evidencie una contradicción clara y manifiesta entre el acto administrativo y las normas superiores invocadas. En este caso, la controversia sobre la configuración del hecho generador del efecto plusvalía y la correcta clasificación del suelo requiere un estudio detallado de normas y pruebas que corresponden a la etapa de sentencia. Por ello, no se demostró que existiera una violación evidente que justificara la suspensión provisional.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

La Secretaría de Hacienda de Barranquilla profirió una resolución que estableció el efecto plusvalía sobre predios de un Plan Parcial adoptado mediante Decreto Distrital. La sociedad demandante impugnó estos actos alegando que:

• Se creó un nuevo hecho generador no previsto en la ley, al gravar la incorporación de suelo urbano a suelo de expansión urbana, contraviniendo el artículo 338 de la Constitución y el artículo 74 de la Ley 388 de 1997.
• Los predios nunca fueron suelo rural, requisito para configurar el hecho generador del efecto plusvalía.
• El cálculo del tributo se realizó con base en un estudio técnico e inmobiliario que no consideró adecuadamente cargas y costos asumidos por el constructor.
• La inscripción del tributo en los folios de matrícula imposibilitaría la transferencia de dominio de las viviendas no escrituradas, generando perjuicio económico.

La administración defendió la legalidad de los actos, señalando que el hecho generador se configuró con la incorporación al suelo urbano prevista en el Decreto Distrital 709 de 2015 y que el cálculo respondió a estudios técnicos adecuados. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó la suspensión provisional, señalando que los argumentos requerían un análisis exhaustivo que corresponde a la sentencia.

Efectos jurídicos de la decisión

La confirmación de la negativa a la suspensión provisional implica que las resoluciones administrativas continúan surtiendo efectos jurídicos durante el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. No se ordena la suspensión de la exigibilidad ni la inscripción en los folios de matrícula queda suspendida. La decisión vincula a las partes y mantiene la vigencia de los actos administrativos impugnados hasta que se resuelva la controversia en sentencia.

Consideraciones sobre la procedencia del recurso y requisitos procesales

La Sala señaló que el auto que decide sobre medidas cautelares en procesos de doble instancia es susceptible de apelación, y que el recurso fue interpuesto dentro del término legal. Se destacó que la medida cautelar cumple con los requisitos generales de procedibilidad (proceso declarativo, petición sustentada, necesidad para garantizar el objeto del proceso y relación directa con las pretensiones). Sin embargo, para la suspensión provisional de actos administrativos se requiere demostrar la infracción evidente de normas superiores mediante análisis preliminar del acto y confrontación con la ley, lo cual no se cumplió en este caso.

Conclusión

El Consejo de Estado confirmó el auto del Tribunal Administrativo que negó la suspensión provisional de dos resoluciones de la Secretaría de Hacienda de Barranquilla sobre el efecto plusvalía, por ausencia de evidencia clara de violación normativa. La controversia sobre la configuración del hecho generador, cálculo del tributo y clasificación del suelo debe resolverse en la sentencia de fondo, garantizando así un análisis completo y justo que permita determinar la legalidad de los actos administrativos impugnados. De esta manera, se preserva la estabilidad jurídica durante el proceso y se asegura el debido trámite conforme a los principios del derecho administrativo.