Naturaleza de la providencia y competencia

La providencia en estudio corresponde a una sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia para conocer apelaciones en acciones de cumplimiento contra autoridades nacionales.

Sentido de la decisión

La Sala adoptó la siguiente decisión:

• Rechazar la solicitud de práctica de pruebas de oficio formulada por el accionante.
• Revocar la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.
• Declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento promovida contra la Contraloría General de la República.
• Ordenar notificar a las partes conforme a la ley y devolver el expediente al tribunal de origen.

Razón principal de la decisión

El Consejo de Estado fundamentó su decisión en que, aunque existen actos administrativos vigentes que ordenan la exclusión del demandante del Boletín de Responsables Fiscales, la ejecución de dichos actos se encuentra condicionada por un proceso judicial pendiente que discute la legalidad de esos mismos actos. La existencia de esta controversia jurídica impide considerar que hay un mandato claro, expreso e inobjetable susceptible de ser ejecutado mediante acción de cumplimiento, pues adelantarse a resolverlo supondría una invasión de la competencia del juez ordinario y desconocería garantías constitucionales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante promovió acción de cumplimiento contra la Contraloría General de la República con el fin de obtener el cumplimiento de dos autos administrativos, uno que declaró la prescripción de la acción de cobro coactivo y ordenó la exclusión del demandante del Boletín de Responsables Fiscales, y otro que corrigió formalmente dicho auto sin alterar su contenido material. El demandante solicitó que la Contraloría ejecutara tales actos, en particular materializando la exclusión del Boletín, y que certificara esta exclusión. La Contraloría respondió negándose a dar cumplimiento a estas órdenes. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó la acción de cumplimiento al considerar que no existía un deber claro e indiscutible debido a la controversia jurídica sobre la legalidad de los actos administrativos invocados. Posteriormente, el Consejo de Estado examinó la impugnación presentada por el accionante, quien argumentó que la existencia de un proceso judicial promovido por la entidad accionada no suspendía la obligación de cumplimiento del acto administrativo vigente.

Efectos jurídicos de la providencia

La sentencia vincula a las partes y confirma que la acción de cumplimiento no procede cuando el cumplimiento del acto administrativo está sujeto a una controversia jurídica en curso que debe resolverse en sede contencioso-administrativa. En consecuencia, la Contraloría General de la República no está obligada a ejecutar el acto administrativo mientras no se resuelva la legalidad del mismo mediante el proceso judicial correspondiente. El expediente retorna al tribunal de origen para que continúe con las actuaciones procesales pertinentes conforme a esta decisión.

Consideraciones adicionales

La Sala confirmó que el requisito de constitución en renuencia se cumplió, dado que el accionante solicitó previamente el cumplimiento del acto y la Contraloría se negó expresamente. Sin embargo, la presencia del litigio judicial pendiente sobre la legalidad del acto administrativo impide que la acción de cumplimiento prospere. Asimismo, se rechazó la solicitud de pruebas de oficio porque los elementos probatorios existentes resultaron suficientes para adoptar la decisión. La sentencia hace énfasis en que la acción de cumplimiento no es procedente para resolver conflictos jurídicos complejos o controversias sobre la legalidad de actos administrativos que se encuentran en revisión judicial, reafirmando la necesidad de respetar los procesos ordinarios y garantizar los derechos constitucionales de las partes involucradas.