Naturaleza de la providencia y contexto

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió un auto para resolver un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre tres autoridades: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira, y Personería Municipal de Pereira. El conflicto se originó en el marco de una actuación disciplinaria iniciada contra un auxiliar de la justicia, designado como secuestre en un proceso judicial, por presunto incumplimiento en el manejo de cánones de arrendamiento.

Sentido de la decisión

El tribunal resolvió:

• Declarar competente a la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira, para conocer y adelantar la actuación disciplinaria contra el auxiliar de la justicia por la presunta falta disciplinaria.
• Remitir el expediente a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira para los efectos de su competencia.
• Comunicar la decisión a todas las autoridades involucradas y al Tribunal Administrativo de Risaralda.
• Ordenar la comunicación del presente asunto al auxiliar de la justicia en la etapa procesal disciplinaria correspondiente, respetando la reserva del procedimiento.
• Suspender y reanudar los términos legales del procedimiento disciplinario a partir del día siguiente a la comunicación de esta decisión.
• Establecer que contra esta decisión no procede recurso alguno, conforme a la normativa aplicable.

Razón principal de la decisión

La Sala fundamentó su decisión en el análisis del régimen jurídico vigente para la competencia disciplinaria sobre auxiliares de la justicia. Destacó que:

• Los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas transitorias y, por tanto, son disciplinables conforme al Código General Disciplinario.
• La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales tienen competencia para los procesos iniciados antes del 13 de enero de 2021, fecha de entrada en funcionamiento de dicha Comisión.
• Para procesos iniciados a partir de esa fecha, la competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación, según lo previsto en el artículo 277 de la Constitución Política y los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019, modificados por la Ley 2094 de 2021.
• En el caso concreto, la actuación disciplinaria contra el auxiliar de la justicia inició después del 13 de enero de 2021, por lo que la Procuraduría General de la Nación es la autoridad competente.

Antecedentes relevantes

El proceso disciplinario se derivó de un proceso hipotecario en el que un auxiliar de la justicia fue encargado de la custodia de un inmueble secuestrado. El juzgado ordenó compulsar copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial por presunto incumplimiento en el manejo de cánones de arrendamiento. La Comisión Seccional inició la indagación previa pero luego declaró su falta de competencia y remitió el caso a la Procuraduría General de la Nación. Esta, a su vez, remitió las diligencias a la Personería Municipal, que inició actuación disciplinaria pero posteriormente declaró su falta de competencia y remitió el expediente nuevamente a la Comisión Seccional, que a su vez volvió a remitirlo a la Procuraduría. Ante la negativa sucesiva de competencia, la Personería promovió conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Administrativo de Risaralda, que declaró su falta de competencia para resolverlo y remitió el conflicto al Consejo de Estado.

Efectos jurídicos de la decisión

El auto vincula a la Procuraduría General de la Nación, a través de su Procuraduría Provincial de Instrucción, para que continúe y conozca en exclusiva la actuación disciplinaria contra el auxiliar de la justicia. Asimismo, ordena la comunicación formal de la decisión a las autoridades involucradas y al disciplinado, respetando la reserva del procedimiento. Se suspenden los términos del proceso disciplinario hasta la comunicación de esta providencia, momento a partir del cual dichos términos se reanudan o comienzan a correr. Finalmente, la decisión es definitiva e inimpugnable en esta sede, consolidando así la claridad en la competencia disciplinaria sobre auxiliares de la justicia y evitando futuros conflictos administrativos en casos similares. --- Este resumen ejecutivo presenta la providencia tal como fue proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, sin interpretaciones o valoraciones adicionales.