Naturaleza de la providencia y competencia

Se trata de un auto proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado, en primera instancia, para conocer una acción de tutela interpuesta contra providencias judiciales. La Sala declaró su competencia conforme a la Constitución y la normatividad vigente, incluyendo los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021) y el Acuerdo 080 de 2019.

Sentido de la decisión

• Negó la solicitud de desvinculación formulada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial.
• Accedió a las solicitudes de desvinculación presentadas por el órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Policía Nacional, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
• Declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de inmediatez.
• Ordenó notificar a las partes y terceros con interés según lo previsto en la normatividad.
• Dispuesto remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión si no es impugnada la decisión en el término legal.

Razón principal de la decisión

La Sala concluyó que la acción de tutela fue presentada fuera del plazo razonable para su interposición, pues las providencias judiciales cuestionadas fueron notificadas hace más de un año y no se acreditaron causas que justificaran la tardanza. Además, las sanciones de arresto y multa impuestas por desacato ya habían sido inaplicadas antes de la presentación de la tutela. Por tanto, no se cumplió el requisito constitucional de inmediatez que permite la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales. En consecuencia, se declaró la improcedencia sin necesidad de examinar el fondo de los argumentos.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

Un exgerente zonal de una entidad prestadora de servicios de salud fue sancionado con arresto y multa por desacato en un incidente derivado del incumplimiento de una orden judicial para garantizar procedimientos médicos a un paciente. La sanción fue impuesta por un juzgado de ejecución de penas y confirmada parcialmente por la Sala Penal del Tribunal Superior, estableciendo que el arresto debía cumplirse en domicilio. Posteriormente, el juzgado inaplicó las sanciones debido a que el sancionado ya no mantenía vínculo laboral con la entidad obligada a cumplir las órdenes judiciales. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial archivó el proceso de cobro coactivo iniciado para recaudar la multa y ordenó levantar medidas cautelares, si procedía. El exgerente interpuso acción de tutela, alegando vulneración de derechos fundamentales por atribuirle responsabilidad personal en el incumplimiento de órdenes judiciales que correspondían a la entidad y no a su gestión directa. Señaló falta de notificación y ausencia de competencia material para ejecutar las órdenes. Durante el trámite, se realizaron notificaciones y se recibieron informes de las autoridades involucradas, que aclararon sus competencias y actuaciones, y solicitaron desvinculación cuando correspondía.

Efectos jurídicos de la decisión

La providencia vincula a las partes y terceros con interés en el proceso, ordenando la notificación formal. Al declarar improcedente la acción de tutela por falta de inmediatez, mantiene vigentes las providencias judiciales cuestionadas en cuanto a su ejecutoria, aunque las sanciones ya fueron inaplicadas por el juzgado. La desvinculación de algunas autoridades implica que no se les atribuye responsabilidad en la presunta vulneración de derechos, limitando así el alcance del proceso constitucional. Finalmente, se dispone la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que, si lo considera pertinente, revise la decisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.