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Consejo de Estado declara competencia para nulidad relativa contra registro marcario

Proviene de: Sentencias

29 de septiembre de 2026 20:54:56

Naturaleza de la providencia y contexto procesal

El Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dictó un auto interlocutorio en el trámite de una acción de nulidad relativa contra una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedió el registro de una marca mixta para productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La demanda fue presentada por una sociedad en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En el proceso fue vinculado un tercero con interés directo, titular del registro cuestionado.

Sentido de la decisión

  • Excepción planteada: falta de jurisdicción del Consejo de Estado para conocer la acción de nulidad relativa.
  • Resolución: se declaró no probada la excepción de falta de jurisdicción formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio.
  • Orden: se notificó a las partes y se remitió el expediente al despacho para continuar con el trámite correspondiente.

Razón principal de la decisión

El tribunal fundamentó su decisión en la diferenciación entre la acción de nulidad relativa y la acción administrativa de cancelación por notoriedad. La acción de nulidad relativa tiene por objeto invalidar el acto administrativo que otorgó el registro marcario por haberse concedido en contravención de las causales previstas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por su parte, la acción de cancelación por notoriedad se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio para eliminar los efectos de registros incompatibles con derechos derivados de marcas notoriamente conocidas. Ambas acciones son mecanismos distintos y no excluyentes para la protección de derechos marcarios. En el caso concreto, el Consejo de Estado concluyó que conoce de las demandas contra actos administrativos que conceden o niegan registros marcarios cuando se alegue contravención de normas comunitarias, razón por la cual la excepción de falta de jurisdicción formulada por la entidad demandada no prosperó.

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad demandante interpuso acción de nulidad relativa contra la Resolución por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca mixta. En el proceso, la entidad demandada planteó excepción de falta de jurisdicción, argumentando que el medio procesal adecuado para la protección del signo notoriamente conocido era la acción administrativa de cancelación ante la misma Superintendencia. La demandante se opuso a dicha excepción, indicando que no se cumplían los requisitos para la aplicación de la cancelación por notoriedad y que correspondía la acción de nulidad relativa ante la jurisdicción contenciosa administrativa. El despacho, tras analizar las normas aplicables y las diferencias entre las acciones, decidió desestimar la excepción de falta de jurisdicción.

Efectos jurídicos de la decisión

El auto interlocutorio genera efectos de orden procesal, en cuanto:
  • Confirma la competencia del Consejo de Estado para conocer de la demanda de nulidad relativa contra el acto administrativo que concedió el registro marcario.
  • Ordena continuar con el trámite del proceso, dejando a salvo la resolución de fondo sobre la nulidad relativa planteada.
  • Vincula a las partes intervinientes y al Ministerio Público, quienes serán notificados de la decisión.
Esta decisión representa un precedente importante para la protección de los derechos marcarios y la definición clara de las vías procesales idóneas para su defensa. Asimismo, contribuye a la seguridad jurídica en materia de propiedad industrial, al establecer con claridad la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa frente a las controversias relacionadas con registros marcarios otorgados por la Superintendencia de Industria y Comercio. De esta manera, se garantiza que los titulares de derechos puedan acudir ante la autoridad judicial competente para la defensa efectiva de sus intereses.

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Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico.
Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.

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