Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto inadmisorio proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, en instancia de nulidad. El proceso se originó con la presentación de una demanda contra un acto administrativo expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Sentido de la decisión

• Decisión: Inadmitir la demanda presentada.
• Orden: Conceder un plazo de diez (10) días para que el demandante subsane los defectos señalados en la demanda, so pena de rechazo definitivo.

Razón principal de la decisión

La inadmisión se sustenta en el incumplimiento del requisito previsto en el numeral 8 del artículo 162 del CPACA, que obliga al demandante a enviar simultáneamente por medio electrónico una copia de la demanda y sus anexos a la parte demandada. La Sala aclaró que la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de urgencia no equivale a una medida cautelar previa que exima de este deber. Por tanto, la falta de acreditación del envío de la demanda y sus anexos a la entidad demandada impide la admisión del proceso.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante promovió en febrero de 2026 un medio de control de nulidad contra el acto administrativo mediante el cual la Registraduría Nacional del Estado Civil admitió e inscribió un comité promotor relacionado con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La demanda pretendía la declaración de nulidad del acto, la imposición de una medida cautelar y la orden de suspensión del trámite administrativo. El proyecto de ley objeto de la convocatoria no había sido aprobado por el Congreso ni cumplido el trámite constitucional del artículo 376 de la Constitución Política. La Registraduría no había emitido respuesta expresa de fondo ni rechazado formalmente el trámite. El juzgado administrativo de primera instancia declaró incompetencia para conocer el asunto, y la demanda fue asignada a la Sección Primera del Consejo de Estado en segunda instancia. En la demanda, el acta administrativa fue identificada como un oficio radicado ante la Registraduría que admitió la inscripción y habilitó efectos jurídicos para la promoción ciudadana. No obstante, la demanda carecía de la individualización precisa del acto administrativo y no se acompañó copia del acto ni constancias de notificación o publicación. Además, no se acreditó el envío de la demanda y anexos a la entidad demandada, requisito esencial para la admisión.

Efectos jurídicos de la providencia

La inadmisión de la demanda implica que el actor deberá corregir los defectos formales señalados y acreditar el cumplimiento del requisito de envío a la entidad demandada en un plazo de diez días. De no hacerlo, la demanda será rechazada definitivamente. La providencia no produce efectos de fondo sobre la validez del acto administrativo objeto del proceso, sino que ordena la subsanación para continuar con el trámite judicial.

Consideraciones sobre las medidas cautelares

La Sala reiteró la distinción entre medidas cautelares previas y de urgencia. Las medidas cautelares previas, que buscan proteger el objeto del litigio antes de notificar al demandado, eximen del envío inmediato de la demanda. Sin embargo, la medida cautelar de suspensión provisional solicitada en esta demanda es una medida de urgencia, no previa, por lo que no elimina la obligación de remitir la demanda y anexos al demandado. El tribunal basó su decisión en jurisprudencia previa, que establece que la medida cautelar de urgencia se pronuncia en el auto admisorio sin necesidad de traslado previo, pero no exime del cumplimiento del requisito procesal de notificación simultánea. --- En conclusión, el Consejo de Estado inadmitió la demanda por incumplimiento formal fundamental y otorgó un plazo para su subsanación, reafirmando la exigencia del cumplimiento estricto de los requisitos procesales para la admisión de medios de control de nulidad contra actos administrativos. Esta decisión refuerza la importancia de respetar los protocolos procesales para garantizar el debido proceso y la correcta tramitación de los recursos judiciales.