Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto emitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, en ejercicio de la función de control de legalidad, en primera instancia.

Sentido de la decisión

• Se inadmite la demanda de nulidad simple contra la Resolución SC-590 de abril de 2025, expedida por una entidad pública.
• Se concede un término de diez (10) días para que la parte demandante subsane los defectos formales señalados.
• Se ordena notificar la providencia por estado a la parte demandante.

Razón principal de la decisión

El auto se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos formales para la admisión de la demanda, conforme a lo previsto en el CPACA. En particular:

• No se acompañó la constancia de publicación del acto administrativo demandado, requisito previsto en el artículo 166 numeral 1 del CPACA.
• El poder especial otorgado al apoderado judicial no corresponde al acto cuya nulidad se pretende, evidenciando insuficiencia en la representación procesal, conforme a lo exigido en el artículo 74 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del CPACA.
• La demanda carece de precisión y claridad en el objeto y alcance de las pretensiones, especialmente en cuanto a si se solicita la nulidad integral del acto o sólo de disposiciones específicas, según los artículos 162 numeral 2 y 163 del CPACA.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

La parte demandante, mediante apoderado judicial, interpuso demanda de nulidad simple contra una resolución administrativa que regula el teletrabajo en la entidad pública. La resolución en cuestión dispone su publicación, pero no se aportó la respectiva constancia. Además, el poder especial conferido corresponde a una resolución distinta, lo que genera falta de claridad en la representación. En la demanda se formulan pretensiones adicionales no vinculadas directamente a la nulidad de un acto administrativo determinado, lo que requiere precisión.

Efectos jurídicos de la decisión

El auto inadmite la demanda, por lo que no se adelanta el trámite de fondo del proceso hasta que se subsanen los defectos formales señalados. Se concede a la parte demandante un plazo de diez (10) días para aportar la constancia de publicación, aclarar y acreditar debidamente la representación judicial y precisar las pretensiones con la claridad exigida. En caso de incumplimiento, la demanda será rechazada. La providencia vincula a las partes y ordena su notificación por estado. De esta manera, el Consejo de Estado reafirma la importancia del cumplimiento riguroso de los requisitos formales para garantizar la adecuada tramitación de los procesos contencioso-administrativos y evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia.