Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto dictado por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, instancia de nulidad, en el marco de un proceso contencioso administrativo sobre la legalidad de varios decretos relacionados con la fijación del salario mínimo y la remuneración del personal de la fuerza pública para el año 2026.

Sentido de la decisión

• Rechazo de las solicitudes de reconocimiento como coadyuvantes presentadas por quince ciudadanos en favor de la parte demandante.
• Rechazo de la solicitud de acumulación de procesos formulada por una coadyuvante de la parte demandante.

Razón principal de la decisión

La providencia destaca que, conforme al artículo 223 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), los coadyuvantes deben actuar apoyando la posición procesal de la parte a la que se adhieren y no pueden promover actos procesales que se opongan a dicha posición ni actuar autónomamente. En este caso, las solicitudes de coadyuvancia no respaldan la postura de la parte demandante, sino que pretenden introducir planteamientos contrarios o relacionados con actos administrativos distintos al objeto del proceso. Además, la petición de acumulación se refiere a un proceso ya terminado o sin fundamentación suficiente para su acumulación, lo que impide su procedencia.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

Quince ciudadanos solicitaron ser reconocidos como coadyuvantes de la parte demandante y presentaron diversas peticiones relacionadas con:

• La nulidad y suspensión provisional de los efectos de los Decretos que fijan el salario mínimo mensual legal para el año 2026, en particular los Decretos 1469 de 2025 y 159 de 2026.
• Cuestionamientos sobre el Decreto 384 de 2026, que fija los sueldos básicos para el personal de la fuerza pública.
• Solicitudes de acumulación de procesos relacionados con dichas materias.

Las solicitudes de coadyuvancia y acumulación se presentaron con argumentos y objetivos distintos a los de la parte demandante, incluyendo la pretensión de un aumento salarial mayor o la impugnación de actos administrativos no vinculados al proceso principal.

Efectos jurídicos de la decisión

• Los ciudadanos cuyas solicitudes fueron rechazadas no podrán intervenir como coadyuvantes en el proceso en los términos solicitados.
• La acumulación de procesos solicitada queda sin lugar, en tanto uno de los procesos está terminado y el otro no cuenta con fundamentación suficiente.
• Se exhorta a los interesados a ejercer sus derechos procesales con lealtad, buena fe y sin temeridad, absteniéndose de promover actuaciones manifiestamente improcedentes o dilatorias, bajo apercibimiento de las consecuencias legales pertinentes.

Conclusión

Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma la importancia de respetar los límites procesales en las figuras de coadyuvancia y acumulación de procesos, garantizando que dichas herramientas se utilicen conforme a la ley y en coherencia con el objeto del litigio. Así mismo, se protege la integridad y eficacia del proceso contencioso administrativo, evitando dilaciones o intervenciones que puedan entorpecer la administración de justicia en asuntos de interés público como la fijación del salario mínimo y la remuneración del personal de la fuerza pública.