Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Consejo de Estado, en la instancia de conocimiento del proceso de nulidad electoral.

Sentido de la decisión

El tribunal inadmitió la demanda presentada contra la elección presidencial y vicepresidencial para el periodo 2026-2030, otorgando un plazo de tres días para que el demandante subsane las deficiencias formales identificadas. En caso de no hacerlo, la demanda será rechazada.

• Inadmisión de la demanda por incumplimiento de requisitos formales.
• Orden de subsanación en un plazo de tres días.
• Rechazo de la demanda si no se corrigen los defectos.

Razón principal de la decisión

La inadmisión se fundamenta en que la demanda no cumple con los requisitos legales previstos en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 166 de la misma ley, entre otros. En particular, se identificaron las siguientes deficiencias:

• Las pretensiones no están dirigidas exclusivamente a la nulidad del acto de elección, sino que incluyen solicitudes que no son consecuentes con la declaratoria de nulidad electoral.
• Falta de especificación clara y precisa de las actuaciones administrativas cuya nulidad se solicita y ausencia de individualización concreta de las irregularidades y sus efectos.
• Inadecuada identificación de los demandados, incluyendo entidades que no son parte pasiva en el medio de control de nulidad electoral.
• No se aportó copia del acto demandado ni la documentación probatoria anunciada.
• Ausencia de dirección física y canal digital para notificaciones de los demandados.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El demandante interpuso demanda de nulidad electoral contra la elección del presidente y vicepresidente de la república para el periodo 2026-2030. La demanda cuestiona el procedimiento de escrutinio y la incorporación de la votación en el exterior, alegando:

• Irregularidades en la designación e integración de mesas de votación en el exterior.
• Inconsistencias en el censo electoral, participación superior al potencial y registros de votación.
• Falta de garantía de autenticidad, integridad, publicidad, contradicción y verificabilidad del escrutinio.
• Infracciones a normas constitucionales y legales relacionadas con el proceso electoral.
• Omisión o insuficiencia en la motivación y en la garantía del derecho de audiencia y defensa.
• Vicios sustanciales en la formación del acto electoral que impedirían su saneamiento mediante escrutinio o recuento posteriores.

El demandante además solicitó la vinculación de entidades como el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales no corresponden a la parte demandada conforme al medio de control de nulidad electoral.

Efectos jurídicos de la providencia

La inadmisión implica que el proceso no continuará su trámite hasta que el demandante subsane las deficiencias formales señaladas en la providencia. La subsanación deberá incluir:

• La presentación de una demanda dirigida exclusivamente a la nulidad del acto electoral de elección del presidente y vicepresidente.
• La especificación clara y concreta de las irregularidades y actuaciones administrativas cuya nulidad se solicita.
• La individualización precisa de los demandados, limitándolos a los elegidos en el acto electoral.
• La aportación de copia del acto demandado y de las pruebas documentales que respalden la demanda.
• La indicación de dirección física y canal digital para notificaciones.

En caso de no subsanarse dentro del plazo establecido, la demanda será rechazada y archivada, lo que imposibilita continuar con el proceso de nulidad electoral en esta instancia.

Conclusión

El auto inadmite la demanda por incumplimiento de requisitos formales esenciales para la procedencia del medio de control de nulidad electoral, estableciendo un plazo para la corrección de los defectos. La providencia mantiene la vigencia del acto de elección hasta tanto se resuelva el proceso conforme a las reglas procesales aplicables. Así, se garantiza la estabilidad jurídica y el debido proceso en el marco del sistema electoral colombiano.