Naturaleza de la providencia y competencia

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, conoció en única instancia la demanda de nulidad electoral interpuesta contra la Resolución y el Formulario mediante los cuales se declaró la elección de un senador para el período constitucional 2026-2030. La competencia se estableció conforme a los artículos pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y los acuerdos internos del Consejo de Estado.

Sentido de la decisión

• Se admitió la demanda de nulidad electoral presentada contra el acto de elección del senador.
• Se negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución y el Formulario de elección.
• Se reconoció la personería a los apoderados judiciales de las partes y organismos involucrados.

Antecedentes y pretensiones

El demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del CPACA, solicitó la nulidad del acto que declaró la elección de un senador para el período 2026-2030. Argumentó que el elegido había ejercido previamente el cargo de representante a la Cámara para el período 2022-2026, sin que existiera prueba de renuncia efectiva y oportuna antes de la nueva elección. Se alegó la configuración de la inhabilidad constitucional prevista en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, desarrollada en la Ley 5ª de 1992, por la coincidencia parcial de los períodos institucionales, lo que impediría ser elegido para más de una corporación cuando los períodos coincidan en el tiempo, aun parcialmente. Adicionalmente, se solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto de elección para preservar el objeto del proceso y evitar la producción continuada de efectos presuntamente ilegales.

Análisis del tribunal sobre la suspensión provisional

El tribunal recordó que la suspensión provisional procede cuando, del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas, así como de las pruebas allegadas, se evidencia una violación normativa. En este caso, la Sala destacó que no obra en el expediente, en esta etapa, prueba documental que acredite que el demandado fue elegido representante a la Cámara para el período 2022-2026, elemento material necesario para configurar la inhabilidad. Además, se señaló que los períodos constitucionales de los cargos en cuestión son sucesivos y no coincidentes, dado que el período de representante termina el 20 de julio de 2026 y el de senador inicia ese mismo día, conforme al artículo 132 de la Constitución Política. La sentencia C-080 de 2026 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la excepción relacionada con la renuncia previa, no altera la conclusión, pues sus efectos aplican solo para elecciones posteriores a su comunicación. Por lo tanto, la Sala concluyó que no se acredita en esta fase la coincidencia de períodos ni la inhabilidad invocada, lo que impide decretar la suspensión provisional sin prejuzgamiento sobre el fondo.

Consideraciones adicionales y efectos jurídicos

El auto dispone la notificación personal del auto admisorio de la demanda a las partes, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como al Ministerio Público. Se ordena informar a la comunidad sobre la existencia del proceso. Se reconoce personería a los apoderados judiciales de las partes y organismos involucrados. La negación de la suspensión provisional implica que el acto que declaró la elección del senador mantiene sus efectos mientras se tramita el proceso de nulidad electoral, sin que dicha decisión prejuzgue el fondo del asunto.

Resumen final

El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad electoral contra el acto que declaró la elección de un senador para el período 2026-2030 y negó la suspensión provisional solicitada. La decisión se basa principalmente en la falta de prueba documental que acredite la elección previa que sustenta la alegación de inhabilidad por coincidencia de períodos constitucionales. Además, se concluyó que los períodos constitucionales en cuestión son sucesivos y no coincidentes, por lo que no se configura la inhabilidad invocada en esta etapa procesal. La medida cautelar no fue concedida para preservar el principio de no prejuzgamiento y garantizar el debido proceso. El proceso de nulidad electoral continuará su curso con la práctica de pruebas y la sustanciación del debate jurídico, en el cual se resolverá definitivamente sobre la validez del acto electoral cuestionado. Las partes involucradas y la ciudadanía podrán seguir atentos a las decisiones futuras del Consejo de Estado, que tiene la responsabilidad de garantizar la legalidad y transparencia en los procesos electorales del país.