Naturaleza de la providencia y competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en única instancia, dictó un auto que resuelve sobre la admisión de una demanda de nulidad electoral y la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto acusado, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Sentido de la decisión

• Admitir la demanda de nulidad electoral interpuesta contra la elección de tres representantes a la Cámara por el departamento de Cundinamarca para el periodo 2026-2030.
• Negar la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución mediante la cual se declaró la elección de los demandados.
• Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional Electoral del trámite.
• Reconocer personería a los apoderados de las partes intervinientes en el proceso.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada en tiempo y forma por una ciudadana que cuestionó la legalidad del acto administrativo que declaró la elección de los tres representantes mencionados. Se alegó que la inscripción de la lista cerrada de candidatos, presentada por la coalición conformada entre dos movimientos políticos, incumplió los procedimientos internos establecidos en los estatutos del movimiento Pacto Histórico. En particular, se argumentó que los avales fueron expedidos por cuatro copresidentes del movimiento Pacto Histórico sin la competencia estatutaria para ello, y que algunos candidatos inscritos no eran militantes de dicha colectividad, sino del movimiento Colombia Humana, sin cumplir con el trámite de postulación correspondiente. Además, se indicó que la expedición de los avales se realizó en un plazo insuficiente para cumplir con los procedimientos democráticos internos y que se produjeron documentos electorales falsificados o fraudulentos. El Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción inicial de la lista coaligada por desconocer una limitación constitucional relacionada con la presentación de listas en coalición. Posteriormente, se realizó una modificación de la inscripción en cumplimiento de dicha revocatoria. Durante el trámite procesal, las autoridades electorales, los demandados y el Ministerio Público presentaron sus posiciones. Los demandados argumentaron que no existió doble militancia ni falsedad en los documentos, y que se respetaron los resultados de una consulta interna realizada previamente. La autoridad electoral destacó la presunción de legalidad del acto cuestionado y la necesidad de un análisis integral que no corresponde a la etapa de medida cautelar. El Ministerio Público sostuvo que no se podía establecer con certeza las supuestas irregularidades en esta etapa.

Razón principal de la decisión

La Sala consideró que, en esta etapa procesal y con los medios de convicción allegados, no se podía establecer con certeza la existencia de una violación manifiesta de las normas estatutarias ni legales que justificara la suspensión provisional del acto electoral. Se destacó que:

• Los estatutos del movimiento Pacto Histórico asignan a la Dirección Ejecutiva Nacional o a la Coordinación Nacional provisional la competencia para aprobar avales, y a la representación legal la función de expedirlos. No se acreditó que los copresidentes actuaran fuera de sus competencias.
• No existen pruebas suficientes para determinar si los candidatos señalados como no militantes del movimiento Pacto Histórico efectivamente incumplieron los requisitos de afiliación o postulación, especialmente en atención a la fusión entre los movimientos involucrados y la consulta interna previa.
• La medida cautelar requiere analizar la aparente violación del acto con las normas superiores invocadas, lo que exige un estudio más profundo que corresponde a la etapa de sentencia.
• La presunción de legalidad del acto administrativo permanece vigente, y las irregularidades alegadas no se presentan como manifiestas ni evidentes en esta fase.

Efectos jurídicos de la providencia

• Se ordena la continuación del trámite judicial de la demanda de nulidad electoral.
• Se niega la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo que declaró la elección, por lo que la elección de los representantes cuestionados mantiene su vigencia provisional.
• Se mantienen las notificaciones a las partes y autoridades involucradas, y se dispone la publicación del auto para conocimiento público.

El Consejo de Estado continuará con el proceso judicial correspondiente para resolver de manera definitiva la demanda de nulidad electoral, garantizando el debido proceso y el respeto a las normas legales y estatutarias aplicables. Las partes involucradas podrán presentar las pruebas y alegatos pertinentes en las etapas siguientes del trámite, mientras se mantiene la vigencia provisional de la elección cuestionada.