Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia corresponde a una sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en revisión de recursos de apelación contra una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar.

Sentido de la decisión

• Revoca la sentencia del 14 de junio de 2019 del Tribunal Administrativo de Bolívar.
• Niega las pretensiones de la demanda de reparación directa contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
• Condena en costas a la parte demandante.
• Fija agencias en derecho a favor del Distrito de Cartagena equivalentes al 0.01% de la suma pretendida en la demanda.
• Ordena que la liquidación de costas se haga de manera concentrada por el tribunal de origen.

Razón principal de la decisión

La Sala concluyó que la parte demandante no acreditó el daño antijurídico alegado, que consistía en la afectación injustificada al derecho de dominio por la clasificación del predio denominado “Alfa” como equipamiento distrital. Se estableció que la documentación oficial probatoria demuestra que el predio fue clasificado como suelo de expansión urbana, y no como equipamiento distrital, ni se acreditó una afectación concreta y efectiva al derecho de dominio de los demandantes. Además, se señaló que la carga de la prueba recae en la parte actora y su omisión impide declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

• El predio “Alfa” fue adquirido en 1999 por la sociedad demandante.
• En 2006 y 2007, el Distrito de Cartagena adoptó un macroproyecto denominado “Parque Distrital Ciénaga de la Virgen” como complemento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
• La Corporación Autónoma Regional definió franjas de protección ambiental en el predio, excluyéndolo de intervención sin permiso.
• Actos administrativos de la Secretaría de Planeación Distrital señalaron que el predio es suelo de expansión urbana con destino a vivienda de interés social, y no se acreditó un acto administrativo que lo clasificara formalmente como equipamiento distrital.
• En 2011, la Fiscalía concedió el restablecimiento del derecho solicitando suprimir la condición de equipamiento distrital, basándose en documentos cuya naturaleza no constituía actos administrativos con contenido modificatorio jurídico para la parte demandante.
• El Tribunal Administrativo de Bolívar en primera instancia accedió parcialmente a la demanda y reconoció una indemnización cercana a nueve mil millones de pesos.
• Ambas partes interpusieron recursos de apelación, cuestionando el monto y la procedencia de la responsabilidad estatal.

Efectos jurídicos de la decisión

• La sentencia vincula al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, negándole la obligación de pagar indemnización por la demanda presentada.
• Obliga a la parte demandante a asumir las costas del proceso, incluyendo agencias en derecho a favor de la entidad demandada.
• Ordena que el tribunal de origen realice la liquidación concentrada de las costas conforme a las normas aplicables.

Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma la importancia de la correcta clasificación y manejo de los predios en el marco del urbanismo y la planeación territorial, así como la necesidad de que la parte demandante aporte pruebas contundentes para acreditar cualquier daño que pretenda reclamar. Así, se protege la seguridad jurídica de las actuaciones administrativas y se garantiza el respeto al debido proceso y a los derechos de propiedad en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.