Naturaleza de la providencia e instancia

Se trata de un auto interlocutorio proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en ejercicio de la función jurisdiccional de segunda instancia, en el marco de un proceso contencioso administrativo relacionado con la protección de derechos e intereses colectivos.

Sentido de la decisión

La providencia resolvió lo siguiente:

• Admitir los recursos de apelación presentados por el municipio de la zona, el departamento correspondiente – a través de su Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Desastres –, la Agencia Nacional de Minería, la Corporación Autónoma Regional y varios particulares vinculados.
• Negar el decreto de las pruebas solicitadas por uno de los particulares vinculados.
• Decretar como pruebas determinados documentos aportados por el departamento y el municipio, vinculados a hechos posteriores a la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia y relacionados con el objeto del litigio.
• Correr traslado a los sujetos procesales de las pruebas decretadas por el término de tres días, conforme al trámite previsto en la Ley 1437.
• Notificar personalmente al Ministerio Público y por estado a los sujetos procesales.
• Devolver el expediente al despacho para que continúe con el trámite correspondiente.

Razón principal de la decisión

El Consejo de Estado fundamentó la admisión de los recursos de apelación en la verificación del cumplimiento de los requisitos formales y temporales previstos en la Ley 472 de 1998 y el Código General del Proceso, especialmente en cuanto a la oportunidad para interponer apelación contra sentencias notificadas electrónicamente. Respecto a las solicitudes probatorias, el auto aplicó el artículo 327 del Código General del Proceso, que limita la admisión de pruebas en segunda instancia a casos específicos, tales como hechos ocurridos con posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia o documentos que no pudieron ser aportados previamente por fuerza mayor o caso fortuito. En consecuencia, decretó solo aquellas pruebas que cumplían estos requisitos y negó otras que no fueron solicitadas de común acuerdo, no fundaban hechos posteriores ni cumplían las demás condiciones legales.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó a partir de una demanda presentada por la Procuraduría en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, con base en presuntas vulneraciones a derechos relacionados con el ambiente sano, el equilibrio ecológico y la seguridad frente a desastres. La demanda fue admitida y fallada favorablemente en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá. Contra dicha sentencia interpusieron apelación el municipio, el departamento, la Agencia Nacional de Minería, la Corporación Autónoma Regional y particulares vinculados. Previamente, se negó una solicitud de aclaración a la Corporación Autónoma Regional. En el trámite de segunda instancia, algunas partes solicitaron la práctica de diversas pruebas, entre ellas informes técnicos, decretos y actas relacionadas con la gestión del riesgo y medidas cautelares en la zona objeto del litigio.

Efectos jurídicos de la providencia

La admisión de los recursos de apelación implica la revisión de la sentencia de primera instancia por parte del Consejo de Estado. El decreto parcial de pruebas y la apertura del término para que las partes se pronuncien sobre ellas permiten ampliar el material probatorio que será valorado en segunda instancia. La providencia ordena notificar a las partes y al Ministerio Público y devuelve el expediente para la continuación del trámite jurisdiccional conforme a derecho. --- Esta providencia se inscribe en el marco del control judicial sobre asuntos ambientales y de gestión del riesgo, con especial atención a la protección de derechos colectivos y el cumplimiento de las garantías procesales en la tramitación de recursos y pruebas, fortaleciendo así el acceso a la justicia en materia ambiental y la defensa efectiva del interés público en Boyacá.