Naturaleza de la providencia, tribunal e instancia

Se trata de un auto interlocutorio proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado en segunda instancia, en un proceso de pérdida de investidura de un concejal de un municipio del departamento de Caldas.

Sentido de la decisión

• Admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, dictada por la Sala Plena del Tribunal Administrativo correspondiente, que negó la solicitud de pérdida de investidura.
• Negar el decreto de las pruebas aportadas en el recurso de apelación para su práctica en segunda instancia.

Razón principal de la decisión

El Consejo de Estado fundamentó la admisión del recurso en que fue interpuesto dentro del término legal de diez días contados a partir de la notificación electrónica de la sentencia de primera instancia, y cumplió con los demás requisitos legales previstos en la Ley 1881 de 2018. Respecto a las pruebas solicitadas en segunda instancia, el tribunal consideró que no se cumplían las causales para decretarlas según el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). En particular, las pruebas no fueron solicitadas de común acuerdo por las partes, no se negaron en primera instancia ni quedaron pendientes por culpa de quien las solicitó, no versaban sobre hechos posteriores al término para pedir pruebas en primera instancia, no se alegaron circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, y no tenían por objeto desvirtuar pruebas relacionadas con las causales especiales previstas en la norma.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El proceso se inició mediante solicitud de pérdida de investidura contra un concejal local, presentada conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1881 de 2018. La Sala Plena del Tribunal Administrativo negó la solicitud mediante sentencia notificada electrónicamente. Posteriormente, el solicitante interpuso recurso de apelación dentro del término legal y aportó documentación adicional, incluyendo respuestas oficiales de entidades públicas y material fotográfico, con el fin de sustentar nuevas pruebas en segunda instancia.

Efectos jurídicos de la decisión

• La admisión del recurso implica que el proceso continuará su trámite en segunda instancia ante el Consejo de Estado para la revisión de fondo de la sentencia impugnada.
• La negativa a decretar las pruebas aportadas en segunda instancia limita la valoración probatoria a lo practicado en primera instancia, salvo que se presenten nuevas pruebas que cumplan con las causales legales para su admisión.
• Se ordenó notificar personalmente al Ministerio Público y por estado a las partes, y se concedió traslado por tres días para que la parte accionada y el Ministerio Público ejerzan su derecho de contradicción.

En conclusión, esta decisión reafirma los estrictos requisitos procesales en materia de pérdida de investidura, buscando garantizar la celeridad y la seguridad jurídica en el trámite de estos procesos. El Consejo de Estado continuará con el análisis de fondo, sin perjuicio de que las partes puedan presentar nuevas pruebas en cumplimiento de las normas aplicables.