Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en calidad de tribunal de segunda instancia.

Sentido de la decisión

• Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado que conoce del proceso en segunda instancia.
• Separar al magistrado impedido del conocimiento del presente asunto.
• Disponer la notificación y cumplimiento de esta decisión.

Razón principal de la decisión

El magistrado manifestó impedimento conforme al artículo 141.2 del Código General del Proceso, que establece como causal de recusación el hecho de haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior. Se constató que efectivamente el magistrado había intervenido en la primera instancia del proceso, suscribiendo una providencia que parcialmente rechazó la demanda y admitió el medio de control respecto de otras pretensiones. Por tanto, se configuró la causal de impedimento invocada, lo que motivó la separación del magistrado.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se encuentra en etapa de dictar sentencia en segunda instancia. El magistrado que interviene en esta instancia presentó escrito manifestando impedimento por haber conocido el asunto en primera instancia como parte de un tribunal administrativo. En primera instancia, el magistrado había participado en una providencia donde se rechazó parcialmente la demanda y se admitieron otras pretensiones para su trámite.

Efectos jurídicos de la decisión

La providencia produce los siguientes efectos:

• El magistrado impedido queda separado del conocimiento del proceso en segunda instancia.
• La separación no afecta el quórum decisorio para continuar con el trámite.
• Se ordena la notificación del auto para su cumplimiento.

Con esta decisión, el Consejo de Estado asegura la imparcialidad y transparencia en la administración de justicia, garantizando que los procesos sean conocidos por magistrados sin conflictos de interés que puedan afectar la debida valoración de los hechos y el derecho aplicable. Así, se fortalece la confianza en el sistema judicial y se protege el derecho de las partes a un proceso justo y equitativo.