Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia es un auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sentido de la decisión

• Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado para conocer el proceso.
• Separar al magistrado impedido del conocimiento del asunto.

Razón principal de la decisión

La decisión se fundamenta en la causal de impedimento señalada en el numeral 4 del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que establece que los magistrados deben declararse impedidos cuando un cónyuge, compañero permanente o pariente cercano tenga alguna relación contractual o de representación legal con alguna de las partes del proceso. En este caso, el magistrado manifestó que su cónyuge tiene un contrato de prestación de servicios con la entidad demandada, el Departamento de Cundinamarca, lo cual subsume la situación fáctica dentro de la causal normativa.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El magistrado presentó una manifestación de impedimento para conocer el proceso, invocando la causal prevista en el artículo 130 del CPACA, numeral 4. La entidad demandada es el Departamento de Cundinamarca. El magistrado expuso que su cónyuge mantiene un contrato de prestación de servicios con dicha entidad. La Sala recordó que las causales de impedimento son taxativas y de aplicación restrictiva, por lo que no pueden extenderse más allá de lo previsto expresamente por la ley.

Efectos jurídicos de la decisión

• El magistrado impedido queda excluido del conocimiento del proceso.
• La Sala continúa con la tramitación del asunto sin la participación del magistrado separado.

La Sala reafirma así el compromiso con la transparencia y la imparcialidad en la administración de justicia, asegurando que los procesos se desarrollen bajo estrictos parámetros éticos y legales. Esta decisión contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones judiciales y garantiza el respeto al debido proceso en el tratamiento de los asuntos administrativos.