Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia es un auto emitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en segunda instancia. Se refiere a un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra una sentencia previa.

Sentido de la decisión

• Admitir el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, proferida el 5 de marzo de 2026.
• Aceptar la renuncia de la apoderada de la entidad demandada presentada conforme a la normativa aplicable.

Razón principal de la decisión

El Consejo de Estado fundamentó la admisión del recurso en que se cumplieron los requisitos legales establecidos, entre ellos la oportuna interposición y sustentación del recurso, la competencia del tribunal para conocerlo y la existencia de las demás condiciones legales. En cuanto a la renuncia, se aceptó en atención a lo previsto en la ley sobre la renuncia al poder conferido a los apoderados judiciales.

Antecedentes procesales relevantes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, emitió sentencia parcialmente favorable a las pretensiones del demandante y sin condena en costas. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia. Posteriormente, la apoderada judicial de la entidad demandada presentó renuncia al poder conferido conforme a la ley.

Efectos jurídicos de la providencia

• Se ordena la admisión formal del recurso de apelación, lo que implica la apertura del trámite correspondiente en segunda instancia.
• Se reconoce la renuncia presentada por la apoderada de la entidad demandada, lo cual genera la obligación para la entidad de designar un nuevo apoderado o representante para continuar con el proceso.
• Se habilita a los sujetos procesales para pronunciarse sobre el recurso hasta antes de la ejecutoria del auto que admita la apelación, y se establece el término para que el Ministerio Público emita concepto antes de que el proceso ingrese a despacho para sentencia.

En conclusión, la decisión del Consejo de Estado garantiza la correcta tramitación del proceso administrativo y la representación adecuada de las partes involucradas, asegurando el respeto a los derechos procesales y el debido proceso en el marco del litigio contra la DIAN. La entidad demandada deberá proceder a nombrar un nuevo apoderado para continuar con la defensa de sus intereses en la segunda instancia.