Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia objeto del análisis es un auto proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, máxima corporación de lo contencioso administrativo en Colombia, en segunda instancia dentro de un proceso de acción de cumplimiento.

Sentido de la decisión

• Confirmar la negación de las pretensiones de la demanda inicialmente resuelta por un tribunal administrativo de primera instancia.
• Rechazar la solicitud probatoria presentada por la parte demandante en segunda instancia.
• Se aclara que la competencia para decidir sobre solicitudes probatorias en segunda instancia corresponde exclusivamente al magistrado ponente y no a la Sala en pleno.
• Modificar el exhorto dirigido para la afiliación de voluntarios, señalando que debe diferenciarse expresamente la responsabilidad de las entidades involucradas, ya que la obligación directa de afiliación no recae en todas las entidades incluidas inicialmente.

Razón principal de la decisión

La decisión se fundamenta en la interpretación conjunta del artículo 27 de la Ley 393 de 1997 y el artículo 125.3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Si bien el juez de segunda instancia puede solicitar informes y ordenar pruebas de oficio, la resolución sobre una solicitud probatoria formulada por una de las partes debe ser adoptada por el magistrado ponente mediante auto, respetando las formas procesales propias y la garantía del juez competente, conforme al principio de juez natural y al debido proceso. Por lo tanto, resolver la solicitud probatoria dentro de la sentencia por la Sala en pleno implica una vulneración de la distribución legal de competencias. Respecto al exhorto para la afiliación efectiva de voluntarios, el tribunal señaló que su alcance era demasiado amplio porque incluía entidades que no tienen la obligación directa de realizar la afiliación, conforme a lo establecido en el Decreto 780 de 2016 y su adición por el Decreto 1809 de 2020. Por ello, el exhorto debe dirigirse a las entidades responsables de dicha afiliación o, al menos, distinguir claramente las obligaciones de cada una.

Antecedentes relevantes

El proceso se originó a partir de una acción de cumplimiento contra el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En primera instancia, el tribunal administrativo negó parcialmente algunas pretensiones y declaró improcedentes otras. En segunda instancia, la Sección Quinta revocó parcialmente esa decisión, negando todas las pretensiones y modificando el exhorto formulado. Durante el trámite, la parte demandante presentó una solicitud probatoria complementaria en segunda instancia, la cual fue rechazada por la Sala dentro de la sentencia. El magistrado ponente presentó una aclaración de voto cuestionando la competencia para resolver dicha solicitud y la forma en que se abordó.

Efectos jurídicos de la providencia

• La providencia vincula a las partes en cuanto confirma la negación de las pretensiones de la demanda.
• Establece que las decisiones sobre solicitudes probatorias en segunda instancia deben ser adoptadas por el magistrado ponente mediante auto, garantizando el debido proceso y la competencia legal.
• Ordena que el exhorto para la afiliación de voluntarios se dirija o delimite conforme a las competencias específicas de las entidades involucradas, evitando atribuir obligaciones no correspondientes.

La decisión sienta un precedente importante para la administración de justicia contencioso administrativa en Colombia, asegurando que la competencia para resolver solicitudes probatorias en segunda instancia se ejerza conforme a las normas procesales y principios constitucionales. De esta manera, se fortalece la garantía del debido proceso y se aclaran las responsabilidades de las entidades públicas en materia de afiliación de voluntarios, lo que contribuye a una mejor administración del riesgo y protección social en el país.