Naturaleza de la providencia y competencia

La providencia es un auto proferido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia para conocer recursos de apelación contra autos que rechazan demandas en primera instancia en procesos contencioso-administrativos.

Sentido de la decisión

La Sala decidió:

• Revocar el auto de primera instancia que rechazó la demanda por no haber agotado el requisito de conciliación extrajudicial.
• Ordenar que se provea sobre la admisibilidad de la demanda, previa verificación de los requisitos legales.
• Devolver el expediente al tribunal de origen para el trámite correspondiente.

Razón principal de la decisión

El fundamento central del fallo es que el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial no es obligatorio cuando la demanda se refiere a la nulidad y restablecimiento del derecho frente a actos administrativos que carecen de contenido económico o patrimonial. En este caso, la demanda impugnaba una resolución administrativa relacionada con la actualización de registros y cambios en la Junta y Representante Legal de un Consejo Comunitario, sin que se discutieran efectos económicos o patrimoniales. Conforme a las normas aplicables (artículos 7, 89 y 92 de la Ley 2220 de 2022 y artículo 161 de la Ley 1437 de 2011), la conciliación extrajudicial es requisito de procedibilidad cuando se discuten asuntos susceptibles de transacción o que implican derechos con capacidad de disposición, usualmente con efectos económicos. La Sala enfatizó que el acto administrativo controvertido no genera efectos económicos, por lo que no es conciliable en cuanto a su legalidad, y en consecuencia no es exigible agotar dicho requisito antes de interponer la demanda.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

Los demandantes presentaron una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra una resolución expedida por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. La demanda buscaba anular una resolución que revocó una decisión administrativa previa y ordenó actualizar el registro de la Junta Directiva y Representante Legal de un Consejo Comunitario. El tribunal de primera instancia rechazó la demanda basándose en que no se acreditó el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, considerado procedente conforme a la Ley 2220 de 2022, dado que el asunto no estaba expresamente prohibido para conciliación. Los demandantes apelaron argumentando que la conciliación extrajudicial no es requisito para demandas de nulidad cuando el acto no tiene contenido económico, y que se vulneró el derecho al debido proceso al exigir tal requisito.

Efectos jurídicos de la decisión

La decisión del Consejo de Estado revoca el rechazo de la demanda y ordena que se adelante el trámite sobre la admisibilidad de la misma, lo que implica que el tribunal de origen debe continuar con la sustanciación del proceso conforme a la ley, sin exigir el requisito de conciliación extrajudicial en este caso. Esta providencia vincula a los órganos jurisdiccionales encargados de tramitar demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, señalando que el requisito de conciliación extrajudicial no es aplicable cuando se controvierte un acto administrativo sin efectos económicos.

Conclusión

En conclusión, el Consejo de Estado estableció un precedente importante en materia de requisitos de procedibilidad para demandas de nulidad y restablecimiento del derecho. Al determinar que la conciliación extrajudicial no es exigible en casos donde el acto administrativo carece de contenido económico, se protege el acceso efectivo a la justicia y se evita la imposición de trámites innecesarios que puedan entorpecer la defensa de derechos. Por tanto, esta decisión fortalece el debido proceso y la correcta interpretación de las normas procesales administrativas.