Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia es un auto proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado en segunda instancia.

Sentido de la decisión

• Negación del decreto de prueba pericial solicitada por la parte demandante en el recurso de apelación.
• Reconocimiento de personería a la apoderada de la entidad demandada.

Razón principal de la decisión

La Sala determinó que la solicitud de prueba pericial no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA para decretar pruebas en segunda instancia, ya que no se trata de una petición de común acuerdo, ni corresponde a hechos posteriores a la oportunidad probatoria en primera instancia, ni surge por fuerza mayor o caso fortuito. Además, la prueba solicitada no esclarece aspectos oscuros o dudosos del proceso, sino que se orienta a suplir deficiencias probatorias que pudieron haberse abordado en etapas previas. Por ello, el auto concluye que la prueba es improcedente y que la facultad de decretar pruebas de oficio no debe utilizarse para incorporar medios probatorios que no fueron oportunamente solicitados.

Antecedentes relevantes

La parte demandante presentó demanda contra actos administrativos emitidos por la autoridad tributaria, buscando la nulidad de una liquidación oficial de revisión y una resolución que resolvió un recurso de reconsideración, así como el restablecimiento en derecho respecto a la declaración de corrección del impuesto sobre la renta del año gravable 2017. La demanda fue negada en primera instancia por el Tribunal Administrativo. En el recurso de apelación, la parte demandante solicitó el decreto de una prueba pericial contable para acreditar costos y gastos imputables a la actividad económica en el periodo discutido, con fundamento en una norma tributaria específica. La entidad demandada se opuso a esta solicitud argumentando que no controvierte la ratio decidendi de la sentencia y que busca reabrir un debate ya resuelto.

Efectos jurídicos

• Se niega la práctica de la prueba pericial en segunda instancia, por lo que no se ordena su realización ni se modifica la valoración probatoria de primera instancia.
• Se reconoce la personería jurídica de la apoderada de la entidad demandada para continuar con el trámite del proceso.

La decisión del Consejo de Estado reafirma la importancia de respetar los límites procesales establecidos para la admisión de pruebas en segunda instancia, garantizando la estabilidad y la celeridad procesal. Asimismo, se confirma que la etapa probatoria debe agotarse oportunamente en primera instancia, evitando dilaciones y la incorporación tardía de pruebas que puedan afectar la economía procesal y la eficacia de la administración de justicia. Con esta providencia, el Consejo de Estado mantiene la integridad del proceso y la correcta aplicación de las normas procesales vigentes.