Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia corresponde a una sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado. Se conoció del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del Quindío en un proceso de protección de derechos e intereses colectivos.

Sentido de la decisión

El Consejo de Estado confirmó la sentencia apelada, manteniendo las siguientes decisiones:

• Declara la falta de legitimación en la causa por pasiva de varias entidades vinculadas, incluyendo el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de Planeación.
• Niega la excepción de carencia actual de objeto planteada por el Departamento del Quindío.
• Declara que el Departamento del Quindío y el municipio de Salento vulneran derechos colectivos al goce de un ambiente sano, espacio público y seguridad pública, debido a la falta de construcción del puente entre las veredas El Agrado y Llano Grande.
• Confirma la orden al Departamento del Quindío para que, en un plazo de tres meses desde la ejecutoria, adopte medidas administrativas y presupuestales para asignar o priorizar recursos que permitan subsanar observaciones realizadas por el Departamento Nacional de Planeación en el proyecto de construcción.
• Confirma la orden para que el Departamento del Quindío y el municipio de Salento adopten, en un plazo de cuatro meses desde la ejecutoria, medidas para mitigar los riesgos causados a la comunidad, incluyendo reubicación de población en alto riesgo, señalización del tramo vial y adecuación de vías alternas.
• Ordena la integración de un Comité de Verificación para supervisar el cumplimiento de las órdenes impartidas.

Razón principal de la decisión

El fallo se fundamenta en la constatación de una vulneración prolongada de derechos colectivos ocasionada por la falta de ejecución oportuna de la obra pública necesaria para restablecer el paso vehicular entre las veredas El Agrado y Llano Grande, afectando a la comunidad local y a la población en general del municipio de Salento. Se evidenció que el proyecto de construcción del puente, incluido en un plan integral de reducción del riesgo, se encuentra en atraso en la etapa de viabilización y no ha sido aprobado ni ejecutado a la fecha, pese a que la vía es responsabilidad del Departamento del Quindío. La Sala consideró que la tramitación administrativa y técnica, aunque compleja, no justifica la omisión y dilación en la asignación de recursos y ejecución de medidas para proteger los derechos colectivos.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

En mayo de 2014, un derrumbe interrumpió el tránsito en la vía rural que conecta las veredas El Agrado y Llano Grande, en jurisdicción del municipio de Salento. Esta vía tiene importancia para la comunidad al facilitar el transporte de productos agrícolas y ser una ruta alternativa en la región. La Defensoría del Pueblo Regional Quindío presentó demanda para proteger derechos colectivos relacionados con el ambiente sano y el espacio público, solicitando que se ordenara la construcción del puente vehicular necesario para restablecer la conexión vial. El proyecto para la construcción del puente forma parte del plan “Construcción de obras para la reducción del riesgo en el Departamento del Quindío”, presentado para obtener recursos del Sistema General de Regalías. Sin embargo, el proyecto ha sido devuelto a la etapa de ajuste y no ha cumplido con la metodología y requisitos técnicos exigidos, permaneciendo sin aprobación ni asignación definitiva de recursos hasta 2024. Durante el proceso, varias entidades vinculadas manifestaron falta de legitimación o señalaron que la responsabilidad de la vía correspondía al Departamento del Quindío y al municipio de Salento. El Tribunal de primera instancia acogió estas posiciones y centró la responsabilidad en dichas entidades territoriales.

Efectos jurídicos de la decisión

La sentencia confirmada obliga al Departamento del Quindío y al municipio de Salento a:

• Adoptar dentro de los plazos establecidos las medidas administrativas y presupuestales necesarias para avanzar en la subsanación de observaciones técnicas y viabilización del proyecto de construcción del puente.
• Asignar o priorizar recursos para ejecutar acciones de mitigación de riesgos relacionados con la vía afectada, incluyendo la reubicación de población en zonas de alto riesgo, señalización y adecuación de vías alternas.
• Participar en un Comité de Verificación que supervisará periódicamente el cumplimiento de estas órdenes.

La decisión vincula a las entidades señaladas, con el propósito de proteger y restablecer derechos colectivos afectados por la omisión en la ejecución de la obra pública. Además, se remitirá copia del fallo a la Defensoría del Pueblo para su conocimiento y seguimiento. La providencia no impone condena en costas en esta instancia, conforme a la normativa aplicable y la valoración del Ministerio Público. --- Este resumen ejecutivo presenta los aspectos esenciales de la sentencia del Consejo de Estado, sin incluir nombres personales para preservar la confidencialidad, y expone de manera clara y objetiva el contenido, fundamentos y efectos jurídicos de la decisión judicial. Con esta confirmación, se espera que se avance decididamente en la ejecución del proyecto, garantizando el restablecimiento de la movilidad, la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas en la región.