Naturaleza de la providencia y competencia

La providencia es un auto dictado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en su calidad de tribunal de segunda instancia. Este tribunal es competente para conocer de las apelaciones contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos en asuntos relacionados con nulidad electoral, según lo previsto en la Ley 1437 de 2011.

Sentido de la decisión

• Admitir los recursos de apelación interpuestos por los demandantes contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
• Disponer que el expediente permanezca en la Secretaría de la Sección por tres días para que las partes puedan presentar alegatos por escrito.
• Establecer que, tras la presentación de alegatos, el Ministerio Público podrá emitir su concepto en un plazo de cinco días.

Razón principal de la decisión

El auto fundamenta la admisión de los recursos en que estos fueron interpuestos dentro del término legal correspondiente, conforme a las reglas de notificación y términos procesales establecidas en la Ley 1437 de 2011. Además, se verifica la competencia del Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación en esta materia.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia el 1° de septiembre de 2026, negando las pretensiones de la demanda relacionada con la nulidad electoral. La sentencia fue notificada electrónicamente el 3 de septiembre de 2026, iniciándose el cómputo de los términos para interponer recursos. Los recursos de apelación fueron presentados dentro de los cinco días hábiles siguientes por los demandantes, conforme a los plazos previstos en la ley.

Efectos jurídicos de la providencia

Con la admisión del recurso de apelación, el proceso continúa en segunda instancia ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. Se ordena la apertura del término para que las partes alleguen sus escritos de conclusión y la eventual presentación del concepto por parte del Ministerio Público. Esta providencia vincula a las partes en cuanto al trámite procesal y habilita la continuación del proceso de revisión del fallo de primera instancia. De esta manera, el Consejo de Estado reafirma su compromiso con la garantía del debido proceso y la correcta administración de justicia en materia electoral, asegurando que las decisiones judiciales sean objeto de un análisis riguroso y completo en todas sus instancias. La resolución definitiva se espera una vez se hayan cumplido los términos para alegatos y concepto del Ministerio Público, garantizando así el derecho de las partes a una revisión exhaustiva del caso.