Naturaleza de la providencia y tribunal

El auto fue proferido por la magistrada ponente de la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, el 25 de septiembre de 2026. La providencia responde a una solicitud presentada dentro de un proceso de reparación directa iniciado en 2011.

Sentido de la decisión

• Se rechaza por improcedente la solicitud de incidente de desacato presentada contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, Unidad de Pago de Sentencias y Acuerdos Conciliatorios y Subdirección Financiera.

Razón principal de la decisión

La magistrada ponente estableció que el incidente de desacato no es el mecanismo procesal adecuado para controvertir la forma en que la entidad condenada liquidó y pagó la condena dineraria. Según el análisis jurídico, el Código Contencioso Administrativo no contempla el incidente de desacato como herramienta general para hacer efectivo el cumplimiento de sentencias ordinarias de responsabilidad patrimonial. En estos casos, el procedimiento pertinente es el proceso ejecutivo contencioso administrativo, que permite discutir la liquidación y ejecución de la obligación reconocida judicialmente. La solicitud presentada, aunque denominada incidente de desacato, corresponde materialmente a un cuestionamiento sobre la metodología de liquidación y el cumplimiento parcial o distinto de la condena, controversia que debe resolverse mediante el proceso ejecutivo y no en un trámite incidental no previsto por la ley.

Antecedentes fácticos y procesales

• En 2011 se inició demanda de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación por perjuicios derivados del presunto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en un proceso relacionado con investigación por lavado de activos.
• El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia en primera instancia en 2014, accediendo parcialmente a las pretensiones.
• La Subsección C del Consejo de Estado, en sentencia de segunda instancia de diciembre de 2021, modificó parcialmente la condena para ordenar el pago de perjuicios materiales bajo parámetros específicos establecidos en el fallo, incluyendo la aplicación del artículo 12 de la Ley 793 de 2002.
• En 2026, la parte demandante presentó una solicitud de incidente de desacato por considerar que la Fiscalía no cumplió adecuadamente la sentencia, argumentando que la liquidación realizada no respetó los parámetros ordenados y solicitando que se ordenara el cumplimiento “a la letra” de la providencia.
• La Fiscalía General de la Nación contestó que la liquidación y pago realizados se ajustaban a derecho y respetaban las reglas legales y jurisprudenciales aplicables, negando la necesidad de una reliquidación conforme a la metodología planteada por la parte demandante.

Efectos jurídicos de la decisión

La providencia rechaza la solicitud de incidente de desacato, lo que implica que la controversia sobre la forma y corrección de la liquidación de la condena no puede resolverse en ese mecanismo. En consecuencia, la parte interesada deberá acudir al proceso ejecutivo contencioso administrativo para intentar obtener el cumplimiento total o la corrección de la liquidación de la condena dineraria. La decisión vincula a la parte demandante y a la Nación – Fiscalía General de la Nación y confirma que el procedimiento para obtener el pago y verificar el cumplimiento de condenas de esta naturaleza es el proceso ejecutivo, no el incidente de desacato. Esta resolución reafirma la importancia de seguir los cauces legales adecuados para la ejecución de las sentencias administrativas, garantizando así la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso en las controversias de responsabilidad patrimonial del Estado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE