Naturaleza de la providencia y tribunal

La decisión corresponde a un auto proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en primera instancia sobre la competencia para conocer una acción de cumplimiento.

Sentido de la decisión

• Declara la falta de competencia funcional del Consejo de Estado para conocer en primera instancia la acción de cumplimiento presentada contra entidades del orden nacional.
• Ordena remitir el expediente a la Secretaría del Tribunal Administrativo de la jurisdicción donde reside la accionante para el respectivo reparto y conocimiento del asunto.
• Dispone notificar la decisión a la parte accionante en los medios indicados para notificaciones.

Razón principal de la decisión

La decisión se fundamenta en la aplicación de las normas de competencia contenidas en los artículos 152.14 y 155.10 de la Ley 1437 de 2011, modificados por la Ley 2080 de 2021, que asignan a los tribunales administrativos la competencia para conocer en primera instancia las acciones de cumplimiento contra autoridades del orden nacional. Dado que la demanda se presentó contra entidades nacionales y la accionante tiene domicilio en una jurisdicción específica, corresponde que el tribunal administrativo local conozca del asunto inicialmente, y no el Consejo de Estado.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de cumplimiento fue promovida mediante correo electrónico por una ciudadana contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La solicitud buscaba que se diera cumplimiento a una disposición legal relacionada con la nacionalización de predios urbanos en una zona específica. La demanda fue radicada en el Consejo de Estado, que revisó su competencia para conocer el caso.

Efectos jurídicos de la decisión

• El expediente será remitido a la Secretaría del Tribunal Administrativo correspondiente para que este órgano asuma el conocimiento y trámite del proceso.
• El Consejo de Estado queda impedido para conocer la acción de cumplimiento en primera instancia.
• Se genera la obligación para la Secretaría General del Consejo de Estado de efectuar la remisión y para el tribunal administrativo de proceder conforme a las normas procesales aplicables.
• La parte accionante debe ser informada de esta decisión en los términos y medios señalados en la demanda.

En conclusión, esta providencia reafirma la competencia de los tribunales administrativos para conocer en primera instancia las acciones de cumplimiento contra entidades del orden nacional, evitando que el Consejo de Estado intervenga inicialmente en estos casos. Así, se garantiza el debido proceso y el respeto a las competencias jurisdiccionales establecidas en la legislación vigente.