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Consejo de Estado decreta acumulación de procesos sobre bonificación judicial en única instancia

Proviene de: Sentencias

1 de octubre de 2026 16:7:20

Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia es un auto proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, en única instancia. La decisión se dicta en el marco del trámite de dos procesos contencioso-administrativos promovidos mediante medio de control de nulidad contra normas relacionadas con la bonificación judicial.

Sentido de la decisión

  • Se decreta la acumulación del proceso radicado bajo el número 11001-03-25-000-2018-01379-00 al proceso 11001-03-24-000-2013-00472-00.
  • El proceso 11001-03-24-000-2013-00472-00 continuará conociéndose como expediente único acumulado.
  • Se ordena comunicar la decisión al despacho competente, realizar las actuaciones administrativas para materializar la acumulación, tramitar la compensación respectiva y efectuar las anotaciones en el sistema de gestión procesal.
  • Se inactiva el proceso acumulado y se incorporan las diligencias de este al expediente que continuará en trámite.

Razón principal de la decisión

La acumulación se fundamenta en la existencia de una conexidad objetiva y jurídica estrecha entre ambos procesos, que versan sobre la legalidad y regulación de la bonificación judicial, particularmente respecto a las limitaciones de sus efectos salariales y su relación con la nivelación salarial prevista en la Ley 4.ª de 1992. Ambos procesos se encuentran en única instancia, se tramitan por el mismo procedimiento y las pretensiones podrían haberse formulado en una misma demanda. La acumulación garantiza la unidad de criterio, evita pronunciamientos contradictorios y promueve la economía procesal sin afectar el derecho de defensa.

Antecedentes fácticos y procesales

Uno de los procesos fue promovido mediante medio de control de nulidad parcial de varios decretos que regulan la bonificación judicial, cuestionando la limitación de sus efectos salariales únicamente para cotizaciones a pensiones y salud. El otro proceso también se basa en la nulidad parcial de un decreto específico que creó la bonificación judicial, reclamando sobre su naturaleza y efectos dentro del régimen remuneratorio y su compatibilidad con el mandato de nivelación salarial. Ambos procesos comparten autoridades demandadas en común, incluyendo ministerios y departamentos administrativos vinculados con la función pública y la administración judicial. La demanda más antigua fue admitida en 2014 y la más reciente en 2023, ambas admitidas y notificadas en tiempo que permite su acumulación conforme al Código General del Proceso.

Efectos jurídicos de la decisión

La decisión vincula a las partes y autoridades demandadas en ambos procesos, implicando que las actuaciones y pronunciamientos futuros se realizarán de manera conjunta en el proceso acumulado. Se ordena la ejecución administrativa del auto para materializar la acumulación y se da continuidad al trámite procesal bajo el expediente más antiguo. Esta medida busca evitar decisiones contradictorias y optimizar la gestión jurisdiccional en asuntos con identidad temática y conexidad jurídica.

Marco normativo aplicable

La acumulación se sustenta en los artículos 148 y siguientes del Código General del Proceso, aplicables por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Dichas normas regulan la procedencia y trámite de la acumulación de procesos cuando existen conexidad entre las pretensiones, identidad de partes o fundamentación basada en hechos comunes, y siempre que se encuentren en la misma instancia y trámite procesal.

Conclusión

El Consejo de Estado decretó la acumulación de dos procesos que cuestionan disposiciones sobre la bonificación judicial, atendiendo a su conexidad jurídica y material, para asegurar una resolución uniforme y eficiente en única instancia. El expediente más antiguo continuará conociendo el asunto acumulado, y se ordenaron las actuaciones administrativas y procesales necesarias para su ejecución, garantizando así la coherencia jurisprudencial y la economía procesal en la administración de justicia.

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Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico.
Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.

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